El Parlament balear ha aprobado este martes una nueva Ley de Turismo de Baleares, una de las iniciativas estrella del Govern de Francina Armengol de esta legislatura, que incluye una moratoria y congela la actual bolsa de plazas turísticas durante 4 años, según recoge Efe. La votación ha estado marcada por la ausencia voluntaria del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de Podemos.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha ensalzado este martes la nueva Ley de Turismo como una norma «valiente, comprometida e innovadora» que moderniza la principal actividad económica de Baleares. «Es un orgullo para nuestra tierra», ha enfatizado. Armengol ha expresado su satisfacción por que el Govern de PSOE, Podemos y Més per Mallorca haya pactado e incorporado iniciativas de otros grupos como El Pi y Ciudadanos, al tiempo que ha lamentado el rechazo frontal y la falta de propuestas del PP y Vox.
Baleares cuenta a día de hoy con 600.000 plazas turísticas y la propuesta del Govern es crecer en calidad y no en cantidad: «hemos llegado prácticamente al límite de nuestra capacidad», ha afirmado este martes el conseller de Turismo, Iago Negueruela, con ocasión del debate parlamentario. La iniciativa legislativa del ejecutivo progresista del PSIB-PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca ha contado con el apoyo de estos partidos, también con el de MÉS per Menorca.
Desde la bancada de oposición, El Pi y Ciudadanos (Cs) han respaldado parcialmente el texto, mientras que el PP y Vox se han opuesto. De hecho, los populares han anunciado que aprobarán una nueva ley si acceden al gobierno de Baleares el próximo año. La nueva Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y la Circularidad del Turismo de las Islas Baleares supone una inversión pública de 60 millones de euros en ayudas directas y un cambio hacia un modelo turístico del futuro: responsable laboral y medioambientalmente, ha destacado el conseller. La norma, ha explicado, permitirá que las islas lideren este proceso en torno a una sostenibilidad entendida en una triple vertiente: social, económica y medioambiental. Para ello se recogen toda una serie de medidas que permitirán un crecimiento económico más inclusivo y sostenible, una mejora de la convivencia entre trabajadores, residentes y turistas, un uso más eficiente de los recursos, y un nuevo impulso a la colaboración público–privada, como establece la gestión de los fondos europeos. Todo ello para lograr que las Islas Baleares se conviertan en un destino pensado no solo para los turistas, sino también para residentes y trabajadores del sector, ha explicado. «No podemos seguir creciendo en cuanto al número de plazas turísticas, hay que crecer en calidad», ha defendido el conseller.
La nueva ley aumenta la protección a las camareras de piso, un colectivo muy afectado por la siniestralidad laboral. Desde el año 2023, los hoteles deberán instalar camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo, una medida que implica renovar 300.000 camas y de la que se beneficiarán más de 20.000 camareras de piso. Al mismo tiempo apuesta por una economía circular en el sector, por lo que se exigirá a todas las empresas contar con un plan de circularidad.
El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su satisfacción porque la ley introduce «temas vitales» para este partido, como una moratoria que permitirá estudiar qué número de plazas deben comercializarse. También ha destacado que los establecimientos turísticos deberán servir como mínimo un 3 % de productos locales. «Por primera vez el turismo está obligado a repartir su riqueza», ha resaltado. En el caso de Mallorca, con un techo actual de 430.000 plazas, se vive una «auténtica saturación» de visitantes, ha declarado Apesteguia, que ha apostado por un «turismo de calidad» que beneficie a los propios turistas y también a los residentes.
La diputada de Unidas Podemos Antònia Martín ha calificado de «pionera» esta ley que se podrá «exportar» a otros territorios turísticos y que vela por la mejora de las condiciones de trabajo de miles de empleados del sector, el impulso del productor local y la mejora de la transición energética: «es una ley positiva para nuestros visitantes y sobre todo, y esto es muy importante, para la gente que vive aquí».
El portavoz de El Pi, Josep Melià, le ha dicho al conseller que no querría «romper su mundo idílico» porque esta nueva normativa habla «muy poco de límites» y pospone este debate a un «futuro» incierto, por lo que este partido no está de acuerdo con la moratoria. Melià sí ha alabado la protección de los trabajadores para evitar enfermedades profesionales y el nuevo proceso de circularidad.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, ha mantenido que solo con el consenso político y social será posible transformar el modelo productivo balear, pero «sin criminalizar a ningún sector, ni a los hoteles ni a la vivienda vacacional», ha resaltado. Cs ha contribuido a esta ley con espíritu de servicio público y, como El Pi, también está en contra de la nueva moratoria.
En cuanto al principal partido de la oposición, el PP, la diputada Salomé Cabrera ha mantenido que esta iniciativa del ejecutivo balear tiene como «esencia y razón la moratoria y el decrecimiento turístico» en Baleares y no la «economía circular» ni las «camas elevables». Cabrera ha acusado al conseller de «jugar al trile» y ha mantenido que la moratoria es un «atraque a la libre competencia» y la «libertad de mercado», a los pequeños y medianos empresarios, a propietarios e inversores. La diputada se ha preguntado «cuántos empleos» está dispuesto a «destruir» el Govern con su idea de «decrecimiento», al tiempo, que ha apostado por un turismo «sostenible, responsable y de calidad capaz de alcanzar el equilibrio» entre crecimiento y sostenibilidad. El PP no es partidario de crecer «sin límites», consumiendo más territorio y echando «más cemento», pero «aún queda camino» en el proceso de reconversión de las zonas turísticas maduras y proyectos particulares, ha señalado Cabrera.
Finalmente, Vox apuesta por un modelo turístico sostenible que salvaguarde el sector y el medioambiente. Su portavoz, Jorge Campos, ha afirmado que el «objetivo real» del Govern es el «decrecimiento, la moratoria, limitar y que vengan menos turistas». A su parecer, el Govern «de izquierdas impone una carga con la circularidad, un gasto económico y una burocracia inasumibles para muchos pequeños empresarios y pimes». El debate y votación, que ha sobrepasado las cuatro horas y media, se ha cerrado con el aplauso de los diputados autonómicos partidarios de esta iniciativa.