El Parlament ha aprobado este martes la ley de consells insulares, que otorga a las instituciones de gobierno de las islas mayor autonomía y autogobierno, les dota de más agilidad y eficiencia y asemeja su funcionamiento al del Ejecutivo autonómico.
La ley, que ha recibido 49 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones en la votación conjunta del proyecto, supone una actualización de la del año 2000, que quedó desfasada tras la reforma del Estatuto en 2007, y prevé un estatuto especial para Formentera, por su singularidad de municipio e isla.
La reforma, que ha superado ampliamente la mayoría preceptiva de dos terceras parte, facilitará la actividad y la eficiencia diaria de las instituciones insulares, que ganarán en autonomía y una mejor agilidad de sus competencias.
Según han explicado tanto la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, como la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, los consells insulares, con cada vez más competencias necesitan herramientas para asemejar su funcionamiento al del Ejecutivo autonómico.
Entre otras medidas, la ley otorga más competencias a las comisiones ejecutivas, en detrimento de los plenos, lo que facilitará la resolución de expedientes.
La consellera Garrido, en la defensa de la ley, ha resaltado que la ley fortalece la presidencia y los consells ejecutivos, rediseña la distribución de competencias y regula el sector público instrumental.
Al mismo tiempo, avanza de la modernización de las instituciones, logra mayor eficacia en la gestión pública y mejora la relación ente las administraciones insular, autonómica y local.
El diputado del PP y presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha destacado la actitud abierta, proactiva y negociadora de su grupo para facilitar un amplio acuerdo para «esta ley necesaria».
Para Marí, la ley, por encima de diferencias, persigue el objetivo común de avanzar hacia «administraciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía» convertidas en verdaderas instituciones de autogobierno. «Desde la proximidad se conocen mejor las necesidades de los ciudadanos», ha afirmado.
Sin embargo, para Marí, se ha perdido la oportunidad de ser «más ambiciosos» ante las problemáticas derivadas de la doble condición de los consells insulares como entes locales e insulares. Además, ha advertido que la ley no permitirá el desarrollo completo de las competencias hasta que no se modifique la ley de bases de régimen local, como también han advertido otros portavoces.
Marí ha reclamado, igualmente, más recursos para el despliegue de la ley. «Si los consells insulares tienen que funcionar como una comunidad autónoma, necesitan los mismos recursos que las comunidades autónomas», ha indicado.
La ley, a pesar del amplio acuerdo, no ha contado con el apoyo de Vox ni de Més per Menorca. El portavoz de Vox, Jorge Campos, aunque ha defendido la cesión de competencias a los consells insulares, ha criticado que la reforma no impida las duplicidades y ha votado en contra reclamando una reducción de la estructura de la administración autonómica.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, por su parte, ha insistido en que la ley «no deja margen» para la organización en el seno de los propios consells y ha criticado que contiene «demasiada regulación por parte del Ejecutivo autonómico».
Según Castells, entre otras carencias, la norma se «extralimita» en las potestades de control por parte del Govern. El portavoz menorquinista ha lamentado que su grupo haya estado «ausente del consenso».
Castells ha justificado su abstención en el hecho de que se hayan ignorado algunas aportaciones, lo que impide votar a favor. Pero tampoco puede votar en contra, ha matizado, de algo que mejora la realidad actual.
Por su parte, el diputado del PSIB Damià Borràs ha celebrado que los consells puedan a partir de ahora llevar a cabo con más eficacia sus tareas de gobierno en las respectivas islas. «Consells más ágiles y más eficientes mejorarán el bienestar de la ciudadanía», ha afirmado.
Borràs ha reconocido, sin embargo, las limitaciones de la ley derivadas de la ley de bases de régimen local por lo que ha confiado en que en el futuro esta norma pueda modificarse.
En la misma línea, tanto la diputada de El PI Maria Antònia Sureda como la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar han expresado igualmente su deseo de que en el futuro pueda modificarse esta ley de bases de régimen local.
Además, Sureda ha subrayado que la ley que este martes ha recibido el visto bueno de la Cámara supone «avanzar en la gestión, el autogobierno y la agilidad administrativa de los consells insulares».
Campomar ha censurado algunos «ataques al catalán» que se han introducido en algunas enmiendas en relación al uso de la lengua propia en las instituciones insulares.
La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha resaltado que gracias al consenso alcanzado la ley será «útil a lo largo del tiempo» y ha destacado que los consells tendrán más protagonismo como órganos de gobierno.
«Esta ley reconoce la realidad y la idiosincrasia de cada isla de Baleares y atiende las necesidades locales», ha añadido Sans.
Según la diputada de la formación morada, desde los consells y gracias también a su mayor autonomía con el traspaso de competencias, se atenderá mejor las necesidades de los ayuntamientos, y, por extensión, de la ciudadanía de Baleares.
El portavoz adjunto de Cs, Marc Pérez-Ribas ha resaltado el carácter técnico de la norma que, a su juicio, aporta mayor seguridad jurídica a los consells insulares.