El Govern, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba) y la Asociación de Constructores de Balears han llegado a un acuerdo para hacer que las viviendas públicas, de compra o alquiler, lleguen también a las rentas medias. La presidenta del Govern, Francina Armengol; el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí; la directora general de Habitatge, Cristina Ballester; el presidente y el vicepresidente de Proinba, Luis Martín y Bartomeu Mayol, y la presidenta de la Asociaciación de Constructores, Fanny Alba, llegaron ayer a un acuerdo que permitirá en los próximos años la construcción de más de 14.000 viviendas públicas en Balears, especialmente dirigidas a las clases medias.
Armengol explicó que «las políticas de vivienda se han dirigida hasta ahora a las rentas más bajas. Así, las familias beneficiarias pagan un máximo del 30 % de sus rentas para acceder a promociones públicas. Sin embargo, nos encontramos ante un amplio segmento de la población, de rentas medias, que queda fuera de las promociones tradicionales de viviendas de protección oficial, dirigidas a colectivos más vulnerables, y, al mismo tiempo, no tiene capacidad económica para acceder al mercado libre».
Actualización
De este modo, el Govern y los promotores han acordado incrementar los módulos que establecían los precios máximos para viviendas de protección oficial (VPO), que databan de 2008 y, evidentemente, han quedado desfasados. Así, se calcula que la actualización de los módulos debe ser del 23 % y por ello los precios máximos pasan de 1.940 euros por metro cuadrado a 2.386 euros. Estos precios pueden variar según la eficiencia energética de las viviendas. En el mercado libre, el precio ronda los 3.000 euros por metro cuadrado, por lo que las viviendas públicas de promoción privada quedarían, de media, unos mil euros por metro cuadrado por debajo del mercado libre. Armengol destacó que «con esta actualización, los precios de las VPO pueden ser más rentables para los promotores. Extendemos la política de vivienda al sector privado en un ejemplo de colaboración que define la manera de hacer de este Govern».
Luis Martín señaló que «el precio acordado no es óptimo, pero al menos es razonable si queremos ofrecer vivienda asequible a las clases medias. Y las medidas de eficiencia energética son un aliciente. El problema son las tramitaciones, pues suelen ser lentas y necesitan informes de diversas administraciones». Sobre el cálculo de cerca de 15.000 viviendas, Martín indicó que «unas 8.000 dependen de tramitaciones urbanísticas pendientes, por lo que podríamos alargar los procesos entre 4 y 7 años. En estos casos, no estaríamos atendiendo la urgencia. Deberíamos dar un segundo paso para agilizar los trámites».
Pese a estas dificultades burocráticas, el presidente de Proinba añadió que «podríamos abordar de manera inmediata la construcción de unas 1.500 viviendas, de tal forma que un piso medio de unos 70 metros cuadrados podría tener un precio que oscilaría entre 150.000 y 200.000 euros». La distribución geográfica sería de unas 9.000 viviendas en Palma y su área metropolitana, unas 800 en Menorca, unas 500 en Eivissa y el resto, en la Part Forana de Mallorca.