Cada año, el Ministerio del Interior informaba de los casos de secuestros parentales en España, una cifra que crece, y mucho, si miramos los datos de este año que no están publicados en el informe anual. El medio Libertad Digital desveló este verano que el Gobierno ocultaba por primera vez las estadísticas oficiales sobre el número de sustracciones.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ofrecieron el mes pasado los datos de 2022 a los medios de comunicación. De enero a agosto, se registraron 283 casos en España, 14 en el extranjero. Balears es una de las comunidades con más casos de secuestros parentales, con 32 diligencias, por debajo de Cataluña (53), Comunidad Valenciana (46), Andalucía (44) y Madrid (40). El organismo constata que siete de cada diez secuestros los realiza la madre.
Polonia, país complicado para la recuperación
A pesar de que Polonia es uno de los países europeos firmantes del Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, es muy difícil recuperar allí a un hijo o hija. Es uno de los gobiernos que, si recepcionan menores sustraídos, aplican la reserva al convenio.
Esto quiere decir, en palabras de Javier Somoza, presidente de la Asociación NISDE, «que no ofrecen bondades o facilidades al país solicitante porque son estados con una elevadísima tasa de solicitudes». Es por ello que víctimas como Alberto Encinas tuvieron que esperar muchos años, en su caso ocho, para recuperar a su hija. Como relata en su historia, fue gracias a un policía polaco que empatizó con su situación, pero lo cierto es que si no hubiese sido por esta extraordinaria –y poco usual– ayuda, el gobierno polaco iba a su contra, protegiendo a la mujer y sin aportar información de su hija.