La Obra Cultural Balear (OCB) exige al IB-Salut que a las categorías sanitarias deficitarias exentas de conocer el catalán (actualmente todos los médicos y las enfermeras) se les ofrezca una moratoria de dos años para titularse una vez hayan obtenido la plaza. Es decir, que se recupere la esencia del decreto de 2018 que regulaba su uso para el personal estatutario del IB-Salut y que fue derogado hace un año por el Tribunal Supremo al no validar la fórmula legislativa.
La OCB reclama, además, una aplicación adecuada de la Ley 4/2016 y que dichas excepciones se fomenten, caso por caso, una vez se haya publicado la lista de admitidos en su proceso selectivo correspondiente. De esta manera, advierten, se constataría debidamente que los aspirantes con capacidades lingüísticas no cubren las plazas ofertadas. «Lo que no puede ser es dejar a más de dos mil funcionarios exentos para siempre de conocer la lengua propia porque tiene unas consecuencias claras en los derechos de los pacientes a ser atendidos en catalán», defiende el presidente de la OCB, Joan Miralles.
Como se recordará, siguiendo la mencionada ley, ni médicos ni enfermeras están obligados a acreditar el conocimiento de catalán ni en oposiciones, ni en bolsas de empleo, ni ahora en el proceso de estabilización. Ahora bien, para el resto de funcionarios rige otra normativa: el decreto ley 6/2022 de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública. En estas se permite que todo aquel funcionario que ya esté en activo y que en su día accediera a su puesto sin tener la obligación de acreditar el catalán, disponga de una moratoria de dos años para titularse.
Estas personas quedarán obligadas a participar en todas las convocatorias de pruebas de lengua catalana que vaya convocando la Direcció General de Política Lingüística y la Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP).
En caso de que no se obtenga la titulación requerida en el plazo indicado no se pierde la plaza pública pero sí se les traslada a otra diferente. Lo cierto es que entre los candidatos corre el rumor de que se puede consolidar el empleo sin necesidad de saber catalán. La normativa dice exactamente que tras dos años, si no se han titulado del nivel exigido, se les «removerá» de su puesto de trabajo por «falta de adecuación a sus funciones» mediante un procedimiento contradictorio. En este proceso, sí se les cesaría del puesto que habrían obtenido.