La polémica desatada en Castilla y León sobre la propuesta de implementar un nuevo protocolo antiabortista por el que se obliga a los médicos a ofrecer a las mujeres escuchar el latido del feto antes de ejecutar la decisión, o realizarles una ecografía 4D, es un ejemplo de cómo la ideología política pasa por encima del bien común. Así lo ven los ginecólogos de Baleares consultados al respecto. José Luis Vidal, presidente de la Sociedad Balear de Ginecología y médico especialista en Clínica Juaneda, lo define como movimiento antiabortista, ya que «la maniobra quiere cambiar un protocolo único en toda España».
Como se recordará, la propuesta la hizo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, en unas declaraciones que posteriormente matizó el presidente de la comunidad y socio de gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, partido que además es responsable de la consejería de Sanidad.
«Que la información se tergiverse hacia un lado para evitar el aborto no es correcto», añade el doctor Vidal, quien recuerda que la función del médico en estos casos «es ser objetivo y dar la información necesaria para que ella elija con autonomía, no se pueden condicionar decisiones con creencias», añade. El jefe de Ginecología y Obstetricia de Son Espases, el doctor Octavi Córdoba, recuerda que para la mujer que decide una interrupción voluntaria del embarazo «nunca es fácil», por lo que «no hay que complicarlo más buscando el latido del feto, la decisión está tomada», señala.
Por otra parte, los médicos no realizan ecografías 4D de forma sistemática en la asistencia del embarazo, como se pide desde Castilla y León. «Hacemos ecografía 2D y si encontramos una alteración o si se requiere más información se hace una 3D, sólo si hay un motivo que lo aconseje», indica el doctor Córdoba. Algo distinto es que los futuros padres quieran costearse una ecografía 3D porque les haga ilusión sin que haya un motivo clínico, pero ofrecerla dentro del sistema sanitario público y sólo en los casos de aborto sería un chantaje emocional.
La coordinadora asistencial de Salut i Gènere del IB-Salut, la doctora Carmen Reyero, califica de «paternalista» la iniciativa de Vox. «La mayoría de mujeres que acuden a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo tienen ya suficientemente pensada la decisión que han tomado. Cada una tiene sus propios motivos y es capaz de decidir por sí misma. Es algo muy doloroso para todas y no necesitan más información de la que tienen», opina.
La especialista, que además trabaja en Son Llàtzer, recuerda que el protocolo para el aborto está fijado en la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 e indica que, ante cualquier petición se le dan tres días de reflexión a la mujer antes de la cita, y un sobre con información sobre el embarazo y el aborto. «Si acude ya viene con la información leída pero, aún así, se le explica el procedimiento y se le hace una ecografía (sin reproducir el latido), que solo ve el facultativo para comprobar que todo está correcto», relata. Si todo se ve correcto, el facultativo facilita la medicación para parar el embarazo.
En cualquier caso, la propuesta de Vox dentro del gobierno de Castilla y León que el Gobierno quiere llevar al Tribunal Constitucional, «podría generar una vuelta atrás en un avance médico social muy importante», valoró el ginecólogo Javier Cortés quien defiende que «el aborto es una tragedia pero es evitable con un buena educación sexual, y a quien lo decida hay que ayudarla», añade. El doctor Cortés practicó a mediados de los 80 unos de las primeras interrupciones voluntarias del embarazo de Baleares: «me pidieron discreción pero no quise; se hizo en un quirófano maternal por la mañana y un grupo de sanitarios se concentró en las puertas y me llamaban asesino».