La Conselleria de Salud calcula que en 2025 habrá una tormenta perfecta que dejará al sistema sanitario público en Baleares con una bajada de profesionales de entre 430 a 490. Para entonces las jubilaciones entre el colectivo, sobre todo médico, serán muy superiores a la entrada, vía MIR, de nuevos profesionales. En el Servei de Salut hablan de una década con plantilla deficitaria no sólo en esta comunidad, sino a nivel estatal e incluso europeo, por lo que se trabaja en hacer más atractivas las plazas y que los médicos y enfermeras escojan las Islas antes que cualquier otro destino. Creen que obligarles a aprender catalán restaría interés por lo que, de momento, para acceder a una categoría deficitaria en el IB-Salut, aprender la lengua cooficial debe ser un mérito, no un requisito.
Fuentes del Servei explican que para prevenir esta situación de tan largo plazo se trabaja en la prórroga de jubilaciones y en la captación y fidelización de profesionales de fuera y, en este sentido defienden el último acuerdo de la Mesa Sectorial en el que, por ejemplo, se incrementaba el precio de la guardia o se pagaba por todas las actividades asistenciales que hasta ahora no estaban remuneradas. En Extremadura, aseguran, donde hace una semana se desconvocó una huelga de Atención Primaria, se han aprobado medidas similares.
El Govern cree que hay que poner toda la carne en el asador para ser los más competitivos en el mercado laboral sanitario y no tener un problema de cobertura y eso también pasa por sacrificar los conocimientos de una de las lenguas propias. El catalán es requisito para aquellas categorías en las que sobran los efectivos como son celadores o auxiliares administrativos pero no para prácticamente el 100 % de las plazas de médicos y enfermeras para quienes se convierte en un mérito que, a la hora de acceder a un puesto, les sumará hasta 10 puntos.
En Salud andan preocupados por las amenazas de demanda de la OCB o del STEI. Aseguran que las normativas con las que se convocó el actual proceso de estabilización se complementan pero tampoco saben lo que opinaría una tribunal contencioso-administrativo a quien ambas entidades aseguran que acudirán para pedir la suspensión del proceso como medidas cautelares. Como se recordará la administración pública tiene hasta el 31 de diciembre de 2024 para reducir el interinaje de su plantilla a menos de un 8 %, en caso contrario podrían verse comprometidos, por ejemplo, la llegada de fondos europeos.