La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, criticó ayer la decisión «unilateral» del Gobierno de subir un 8 % el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros, que considera que será contraproducente para la generación de empleo.
Planas, que es además vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, señaló que la CEOE no acudió a la mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Trabajo al no haber recibido respuesta alguna a sus propuestas.
«Están haciendo campaña contra los empresarios», señaló la presidenta de CAEB para afearle al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «tomen decisiones unilaterales y al margen del diálogo social». Según Planas, está subida «impuesta» reducirá el empleo en algunos sectores, como por ejemplo el agrario, y dificulta las relaciones y el diálogo entre Gobierno y patronal.
Al respecto comentó también que la posición de los empresarios no es contraria a la subida del SMI, ya que es su momento propuso un 4 % de incremento para llegar a los 1.040 euros. «No nos oponemos y de hecho se están negociando subidas por sectores de manera individual de entre un 3 % y un 4 %».
Entre las propuestas realizadas por la CEOE y que, según lamentan, se han quedado sin respuesta, figuraba, además del incremento del 4 %, fijar un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para poder repercutir la subida del SMI en los contratos en ejecución.
Satisfacción
Por otra parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT-Balears, Ana Landero, manifestó su satisfacción por el anuncio del Gobierno, aunque matizó que «no cubre todas nuestras expectativas»; el objetivo sindical para 2023, detalla, era alcanzar los 1.100 euros. «No es la subida que esperábamos pero estamos satisfechos porque era algo necesario en el entorno inflacionista en el que nos encontramos y en términos de justicia social».
La portavoz de UGT reconoció «complicado» cifrar los trabajadores afectados de modo directo en las Islas, aunque estimó que calculan que unas 70.000 personas se verán beneficiadas de manera directa o indirecta. «En Balears tenemos una serie de convenios que rozaban el SMI y que ahora se van a ver afectados», explicó Landero.
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