Semanas movidas para Joan Miralles, presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), por el catalán en el proceso de estabilización de plazas sanitarias.
¿Cómo valora la rectificación del Govern?
La celebramos. Era necesaria. Ha sido consecuencia de la presión de la OCB y el STEI. Advertimos de que el proceso de estabilización no se ajustaba a la legislación vigente. El 3 de enero presentamos un recurso de reposición y anunciamos un contencioso. Todavía no hemos recibido respuesta al recurso. Esperamos que no haya sorpresas.
¿Se dan por satisfechos?
Queda mucho recorrido, aspectos que deben limarse por la vía del diálogo y del trabajo para garantizar que se capacitará lingüísticamente a los sanitarios que no precisen de requisito.
¿Cuántos serán?
De unos 2.200 interinos sanitarios inmersos en el proceso de estabilización, el 80 % deberá acreditar el requisito de catalán en un plazo máximo de dos años. La mayoría ya lo tiene. El 20 % restante no tendrá requisito, pero, igualmente, muchos tendrán la acreditación. En cualquier caso, se pone en marcha un trabajo de acompañamiento para que adquieran conocimientos de catalán. Es importante tener en cuenta que si quieren cambiar de plaza, sí necesitarán cumplir con el requisito del catalán.
Excepción y norma.
Tal como decíamos nosotros. De la excepción se hacía norma. A medio plazo, todo ese personal sanitario tendrá alguna capacitación lingüística.
Un mallorquín acude a un centro sanitario de Mallorca y se dirige en mallorquín al médico. Éste le responde que tiene que cambiar de idioma. ¿Cómo definiría esta situación?
Insólita. Hay dos lenguas oficiales y una de ellas es la propia de Balears. Además de insólita, es una situación inadmisible. Atenta contra la cohesión social. Que puedas utilizar tu lengua en tu tierra es un derecho básico y también forma parte de la calidad del propio sistema sanitario.
¿No beneficia la rectificación sobre todo a las personas mayores con dificultades para expresarse en castellano?
Evidentemente, eran un colectivo de grandes afectados. Hay muchas personas mayores a las que les cuesta expresarse en castellano, sobre todo en cuestiones relacionadas con la salud, pero el derecho a comunicarse en catalán es para todos los ciudadanos.
Las situaciones de este tipo son innumerables.
Son derivaciones de un bilingüismo asimétrico que obliga a ciudadanos a renunciar a su lengua. Se convierten en ciudadanos de segunda. Se puede vivir en Balears perfectamente con un uso exclusivo del castellano, no así en catalán. En el caso sanitario, el catalán no tenía garantizados sus derechos lingüísticos.
¿Hay que convencer a un sanitario de la importancia de que un usuario se comunique de la manera en que se sienta más cómodo?
Creo que la mayor parte de los sanitarios están sensibilizados y son conscientes de la importancia de esa comunicación, pero puede haber alguno que considere que el usuario debe cambiar de idioma. Por desgracia, es necesaria una labor de sensibilización. El catalán es una lengua oficial y la propia de Balears. Que tenga que justificar su existencia es una anomalía. No hablamos en catalán para fastidiar.
¿Por qué esa anomalía?
Por un Estado que ha inculcado que las lenguas diferentes al castellano son algo así como una molestia. Por ello, si nosotros no nos preocupamos por nuestra lengua, nadie lo hará. El Estado debería promover todas las lenguas oficiales en su ámbito, pero no es así. Nunca lo ha hecho. Ni siquiera es capaz de dar a conocer su diversidad lingüística.
Estos conflictos recurrentes no favorecen nada.
Porque hay gente interesada en convertir las lenguas diferentes al castellano en un problema, con toda la intención. Es su manera de reducirlas, arrinconarlas, desprestigiarlas, en lugar de pensar en una normalización natural. Es lo que he dicho antes. Consideran esas lenguas un problema que se resolvería con un uso limitado al ámbito exclusivamente familiar. Como dijo Ovidi Montllor, a quienes les molesta que se hable, se lea y se escriba en catalán, es que les molesta que se hable, se lea y se escriba.
La UIB ha aprobado una norma para garantizar un mínimo del 35 % de docencia en catalán.
Es que ha habido una relajación generalizada de la normalización del catalán, no sólo en la Universitat, que en cualquier caso presenta unos indicadores preocupantes. Celebramos que la UIB haya aprobado esa norma. Por ejemplo, el catalán es prácticamente inexistente en Medicina.
Llevamos ocho años de un Govern que, al menos en teoría, pretende favorecer la normalización.
Con José Ramón Bauzá vivimos unos años terribles. Por primera vez se dieron pasos atrás a todos los niveles. El Govern actual no ha sido hostil, pero ha metido el catalán en un cajón. El presupuesto de la política lingüística es la mitad de hace 20 años. Faltan plazas en los cursos de catalán. Resulta que hay más demanda que oferta. Hay que sacar el catalán del cajón en el que lo han metido, cuando hay más hablantes que nunca y es la lengua minorizada más hablada de Europa. Se habla más catalán que algunas lenguas estatales, pero siempre tiene que estar justificando su existencia.
Su uso social no es el deseable.El uso social ha retrocedido. Por ello hay que hacer el trabajo que no se ha hecho durante años. Y ese trabajo no es sólo de la Administración. Es una responsabilidad de todos. Hemos alcanzado consensos respecto al cambio climático o la sostenibilidad. Deberíamos hacer lo mismo con nuestro patrimonio lingüístico-cultural. La diversidad lingüística es atractiva. No hay lenguas de primera o de segunda. Todas tienen su valor. Y volviendo al uso social, soy docente y tengo que decir que hay profesores –referentes lingüísticos– que dan sus clases en catalán y luego se relacionan con sus alumnos fuera de clase en castellano.