Los sindicatos de la SMAP han denunciado a la dirección del servicio de la ORA ante Inspección de Trabajo y ante la Agencia Española de Protección de Datos por las grabaciones que se han realizado en el ámbito laboral sin el consentimiento de los agentes de la zona azul a través de una aplicación móvil instalada en los dispositivos, PDAS, que usan habitualmente.
Así, según se recoge la denuncia y confirma el secretario del comité de empresa, Mario Quinteros, la dirección instaló en dichos dispositivos un programa llamado ‘Zello' que, en teoría, permitía mantener en contacto a los trabajadores entre ellos y con los jefes de zona. Esta aplicación incluye un botón directo que los agentes podían pulsar en caso de emergencia ya que son habituales los momentos de tensión, e incluso amenazas de agresión, durante el desarrollo de su trabajo diario.
El botón de emergencia, al pulsarse, ponía en marcha un protocolo que incluía un aviso a los inspectores de la ORA y a la centralita de la empresa así como activaba el sistema de grabación.
El problema, según Quinteros, llegó cuando, a las cuatro semanas, se dieron cuenta de que las grabaciones se activaban, y los archivos se guardaban en una carpeta informática, sin que los agentes lo supieran, permitiendo a los encargados tener acceso incluso a grabaciones en el ámbito privado en sus domicilios.
La alarma saltó, según denunció un trabajador, cuando uno de los inspectores le hizo referencia a una conversación que habían mantenido varios agentes de la ORA horas antes en un descanso y le enseñó un listado de archivos entre los que se incluía la citada charla. Asimismo le comunicó que el resto de inspectores y la oficina central también tenía guardado ese documento sonoro.
Los sindicatos, entonces, pidieron explicaciones a la empresa quien, en un primer momento y según su versión, negó saber de qué hablaban aunque le abrieron un expediente al inspector que destapó el tema y procedió a eliminar la aplicación de los terminales. Posteriormente reconoció las grabaciones y argumentó que no era su intención grabar las conversaciones. Quinteros, en este sentido, asegura que la empresa «era consciente del problema y no avisó a nadie» a la vez que denuncia que «tampoco dicen quien es el responsable».