El portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, presumió ayer de que el Ejecutivo de Francina Armengol es el que menos conflictividad social ha tenido de toda la historia, a pesar de las protestas de los trabajadores de las residencias de mayores gestionadas por el Govern en Ibiza, que ya han convocado una huelga indefinida, y de las continuas protestas de los funcionarios reclamando la equiparación del plus de insularidad con los funcionarios de Canarias, Ceuta y Melilla, además de las protestas de pacientes oncológicos y otros usuarios de la sanidad pública de Ibiza por la precariedad sanitaria que se está viviendo en Can Misses.
En el caso de las residencias ibicencas, Negueruela afirmó que el Govern «siempre negocia con los agentes económicos y sociales» e insistió en que las consellerias de Presidencia y Bienestar Social «estarán como siempre en contacto con las partes para dar respuesta a las reclamaciones que se puedan hacer, como hemos hecho desde el inicio de legislatura». No especificó, sin embargo, el portavoz del Ejecutivo autonómico si se había realizado ya una oferta en firme a los trabajadores, que es lo único que han pedido para sentarse a negociar.
En cuanto a las continuas reclamaciones del funcionariado del archipiélago para que se equipare el plus de insularidad al de Canarias, Ceuta y Melilla, Negueruela respondió asegurando que «somos la comunidad autónoma que primero ha firmado un acuerdo en materia profesional en el sector sanitario y creo que se han desconvocado todas las movilizaciones específicas del sector de la sanidad en nuestras islas, cosa que no ha sucedido en otras comunidades como Andalucía, Galicia o Madrid».
Además, insistió en que «nunca como en esta legislatura se ha incrementado tanto el salario de los trabajadores públicos» tanto de la comunidad autónoma como del Estado. Sin embargo, no ha hecho referencia alguna al incumplimiento por parte del Gobierno central de un mandato del Congreso a través de una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular y votada en contra por los socialistas, por el que se instaba al Ejecutivo a destinar 18 millones de euros a mejorar la indemnización de residencia de los funcionarios del Estado en Baleares.
Mediante esta propuesta, defendida por el diputado ibicenco Miguel Jerez, los funcionarios del Estado destinados en las islas Baleares verían triplicado su complemento por insularidad, pasando de los 74,51 euros mensuales a 246,31. Dicha iniciativa proponía, a su vez, extender esta medida a los empleados públicos dependientes de la comunidad autónoma. Pese a haberse aprobado por mayoría pese a los votos de la izquierda, el Gobierno de Pedro Sánchez no incluyó esta partida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.