La vivienda es uno de los principales problemas de los ciudadanos de Baleares. Por este motivo, es muy importante conocer las propuestas sobre esta materia de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo. El orden de las respuestas irá en función del número de votos obtenidos en los últimos comicios, siempre de mayor a menor.
PSIB-PSOE
El PSIB-PSOE propone un 'Pacto Social por la Vivienda' durante los tres primeros meses de legislatura. «Queremos que el 30 % del parque residencial sean viviendas precio limitado y, por tanto, asequible, ya sea VPO o a precio tasado, tanto público como gracias a la colaboración público-privada». Además, se comprometen a «multiplicar por dos el presupuesto autonómico destinado a políticas de vivienda y buscarán la implicación del resto de administraciones. Otra de sus propuestas es la creación de «una empresa pública que permita incidir directamente en el mercado del suelo y de la vivienda, ampliando las competencias y recursos que tiene actualmente la administración autonómica». También habrá una modificación legislativa para incorporar el suelo de grandes tenedores a una bolsa destinada a la construcción de VPO, «reduciendo así la especulación sobre el preso del suelo».
Los socialistas también prometen recuperar «los patronatos municipales de vivienda en todos los ayuntamientos donde gobernamos, haciendo que los municipios con capacidad inversora generen un ente que les permita actuar directamente sobre el suelo, al igual que la empresa pública que creará el Govern y, al mismo tiempo, les permita construir viviendas». Además, «fomentaremos la ciudad compacta que genere estructuras de proximidad y evite el consumo de más territorio para construir». También «densificaremos aquellos lugares de las ciudades que lo permitan, como son las zonas destinadas a plurifamiliares y, si es posible, creceremos también en altura. Más vivienda sin consumir más territorio». Otra de las iniciativas se base en la compra, por parte del Govern, de «hoteles obsoletos que reconvertiremos en viviendas» y «reaprovecharemos los locales desempleados para destinarlos a usos habitacionales».
PP
El PP se compromete a «dar incentivos fiscales y seguridad a los propietarios para sacar las 80.000 viviendas vacías que hay y colaborar con la iniciativa privada». Para conseguirlo apuestan por la puesta en marcha de «un programa de alquiler seguro de intermediación entre propietarios e inquilinos que de garantías de cobro y de recuperación del piso en buen estado a cambio de un alquiler a un precio asequible». También plantean un programa de build to rent, de cesión de solares públicos a promotores a cambio de promociones de alquiler a precio tasado; un paquete de incentivos fiscales como una nueva deducción para arrendadores, ampliar la de arrendadtrios y eliminar el impuesto a la compra de primera vivienda por los menores de 30 años y reducirlo a la mitad para menores de 35, familias numerosas, monoparentales o con discapacidad».
Los populares también aseguran que harán una «simplificación administrativa para proyectos de reforma y rehabilitación, así como permitir la reconversión de locales en viviendas o dividir las grandes que no responden a las necesidades actuales en más de una vivienda».
Unidas Podemos
«La solución al problema de la vivienda que sufre Baleares requiere una serie de medidas que deben cambiar cómo se percibe la vivienda desde la política. Debe dejar de verse como un bien con el que especular para pasar a ser un derecho blindado por los poderes públicos», sostienen desde Unidas Podemos.
Por ello, quieren que «Baleares sea la primera comunidad autónoma en desarrollar en su máxima extensión la ley de vivienda aprobada en el Congreso, limitando los precios de los alquileres y declarando todas las islas como zona tensionada, además de rebajar de diez a cinco las viviendas en propiedad para ser considerado gran tenedor». Desde la formación morada argumentan que «tenemos 70.000 viviendas vacías que se deben poner a disposición de la ciudadanía, por eso es imprescindible crear un impuesto a las casas vacías. Queremos además restringir la compra de vivienda a no residentes y crear una agencia inmobiliaria pública».
Ciudadanos
«Frente a las políticas fracasadas y recetas intervencionistas que no son la solución, Ciudadanos propone un plan integral de 30 medidas sensatas, viables y eficaces agrupadas en siete ejes», exponen desde la formación naranja. En concreto, consiste en aumentar la oferta de viviendas en venta y alquiler acabar con las malas políticas de vivienda, dar seguridad jurídica y garantías para los propietarios que ponen sus viviendas para alquiler, ventajas fiscales, reformar la normativa y solucionar la confusión legislativa en materia urbanística y de territorio, hacer un cambio de densidades y favorecer el acceso a la vivienda para jóvenes.
Més per Mallorca
Los ecosoberanistas apuesta por «bajar por ley los precios del alquiler, para que ninguna persona tenga que invertir más del 30 % de su sueldo en pagar una casa». En este sentido, consideran que la ley estatal de vivienda limita las subidas del coste de los arrendamientos, pero no entra en el precio que entienden que ya es demasiado elevado.
Més per Mallorca sostiene que, «aunque esta legislatura se ha hecho más que nunca, necesitamos hacer más vivienda pública y construirla de forma más ágil y rápida, realizando todos los cambios administrativos que se necesiten para que esto sea así. Debemos tener un parque de vivienda pública que se acerque a la media europea. Y también debemos tener presente que en los últimos 10 años, casi 60.000 no residentes han comprado una vivienda en las Islas. En 2022 una de cada tres casas fueron compradas por no residentes y el poder adquisitivo y los salarios medios son mucho más elevados en países como Reino Unido o Alemania que el de los residentes en Baleares. Por eso, presionaremos al Estado español y la Unión Europea para limitar la compra de no residentes».
Vox
La primera medida a la que se compromete Vox es a «garantizar la seguridad jurídica de los propietarios para revitalizar el mercado del alquiler. Es necesaria una acción inmediata para solucionar el problema de la okupación». Además, apuesta por la «liberalización de suelo, que no quiere decir construir, ni mucho menos, en áreas protegidas, sino que se pueda utilizar el suelo como disponible». También defiende que «en las áreas urbanas hay que construir en altura. Y es imprescindible el impulso a la construcción de VPO mediante la colaboración de la administración pública y los promotores y constructores privados».
PI
La formación regionalista aboga por «la eliminación del impuesto de transmisiones por la compra de la primera vivienda por personas con más de diez años de residencia o la exención del impuesto de bienes inmuebles a los propietarios durante los primeros 5 años desde su adquisición». También llevan en su programa electoral «continuar con el aumento del parque público de vivienda, así como fomentar el cambio de uso de hoteles obsoletos y de baja calidad y locales a viviendas».
Otra de sus propuestas consisten en que haya «vivienda a un precio máximo. Los promotores privados que se adhirieran de forma voluntaria, contarían con determinados beneficios urbanísticos, como la construcción de más pisos en un mismo solar o subir alturas por encima de lo recogido en el plan general o en el plan urbanístico correspondiente, siempre que vendieran los pisos a un precio asequible marcado por la administración».
Dar garantías a los propietarios en caso de impago o ocupación ilegal. Aquellas personas que están dispuestas a alquilar sus pisos, deben tener garantías de que si existe un impago podrán recuperar de forma inmediata su piso o en caso de ocupación ilegal podrán recuperar su propiedad en 24 horas.