Se disparan las denuncias de inquilinos por subidas ilegales del alquiler en Baleares

La Asociación de Usuarios y Consumidores de Baleares (Consubal) ha registrado 118 reclamaciones por problemas con el alquiler de la vivienda desde la apertura de la oficina dedicada al registro de este tipo de denuncias el pasado febrero. La habilitación de este nuevo sistema se ha traducido en un incremento de las denuncias, que prácticamente duplican las del pasado año, principalmente por subidas del precio del alquiler por encima del 2 % fijado por el Gobierno como respuesta a la inflación desbocada a causa de la guerra de Ucrania.

En base al Real Decreto promulgado por el Ejecutivo estatal, la actualización del IPC en los alquileres no podía superar en ningún caso el 2 % desde abril a diciembre de 2022, una medida que se ha prorrogado este año. No obstante, según explica el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, «abundan los casos en los que nos estamos encontrando incrementos de hasta el 100 %».

Este tipo de episodios se dan de manera especial en los casos de renovación de contrato para rentas antiguas -sujetos al mismo tope legal-, en los cuales «propietarios sin escrúpulos intentan adecuar la renta a los niveles actuales bajo la amenaza de cancelar el contrato». Rodríguez afirma que «nos estamos encontrando casos de rentas de 350 o 400 euros que se pretendían subir a los 900 euros».

Asimismo, parte importante de las reclamaciones -de las 118 solo dos han sido contra grandes tenedores- se centra en problemas con la devolución de las fianzas al expirar el contrato, casos que suelen acabar en los juzgados para que sean estos los que diriman si la retención de la fianza está justificada (arreglo de desperfectos en la vivienda).

Por otra parte, Consubal solicitó este martes la reactivación de la Mesa de l'Habitatge para poder reunirse con la nueva titular del ramo, Marta Vidal, y conocer «sus propuestas» sobre la materia, especialmente las enfocadas a paliar la crisis habitacional. En ese sentido, la asociación va a pedir que los beneficios fiscales impulsados por el Govern para propietarios con el fin de lanzar al mercado viviendas vacías «se limiten a rentas de 900 euros o menos para evitar la especulación y el incremento del precio de los alquileres».