«El Govern garantizará los derechos lingüísticos de todos, pero también la asistencia sanitaria». Así de contundente se ha manifestado la presidenta del Govern, Marga Porhens, al ser preguntada por el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, sobre los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas.
En este punto, ha puesto como ejemplo que en Ibiza sólo tienen uno de los cinco oncólogos que necesitan y ha subrayado que el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer la llamó para felicitarla por la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública de las Islas.
El portavoz parlamentario de Més per Mallorca ha manifestado que su grupo no está en contra de que los ciudadanos que quieran ser atendidos en castellano puedan serlo, pero sí le ha recriminado que no quieran que este derecho se extienda en el caso del catalán. A su modo de ver, Prohens «ha vendido el derecho de los ciudadanos». La presidenta del Ejecutivo autonómico ha respondido que «aunque ustedes no tengan más propuestas, esta no será la legislatura de la confrontación lingüística».
Críticas al Pacte
Por su parte, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, ha acusado al Pacte de aplicar a los funcionarios exenciones de catalán que ahora critica y ha recordado que el Ejecutivo de Armengol no estableció el requisito de conocimiento de catalán en el proceso de estabilización de interinos y ni puntuaba como mérito. Así, ha respondido a la exconsellera de Salut Patricia Gómez y ahora diputada socialista, que ha cuestionado la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública.
Para Gómez la supresión del requisito de catalán en la sanidad solo responde al «odio» de Vox por dicha. Sin embargo, la actual consellera de Salut, Manuela García, ha subrayado a su antecesora en el cargo que «hace nueve meses defendía en el plan de estabilización la exención del requisito lingüístico a 1.520 profesionales».
En línea con Prohens, Estarellas ha manifestado que el Govern cumplirá el Estatuto de Autonomía y el pacto del PP y Vox, en los puntos en los que se aborda la «imposición lingüística» y para «garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en la función pública».