El pleno del Parlament dará el próximo martes el primer paso para cerrar la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción (la Oficina Anticorrupció) y modificar la normativa sobre transparencia.
Lo fundamental de la proposición de ley que presentó el PP y que el pleno tomará en consideración, es que se eliminan controles externos, como era el caso de la Oficina, que no se contemplarán las denuncias anónimas (aunque sí se guardará la confidencialidad sobre las mismas) y que será el propio Govern quien resuelva sobre algunas o decida sobre el régimen de incompatibilidades.
Una de las últimas investigaciones de esta Oficina, que se creó en 2016, ha sido una denuncia sobre el director general de Emergèncias, Bernat Sureda, en su etapa de edil de Campos. El PSIB vinculó ayer ambos episodios.
La Mesa del Parlament acordó este miércoles incluir en el pleno del martes esta iniciativa del PP. En su exposición de motivos se señala que la oficina, que ahora dirige Cristòfol Milán, «ha provocado una innecesaria duplicidad con el resto de administraciones y que se ha comprobado que se ha convertido, en el mejor de los casos, en un mero tramitador de expedientes de denuncias en dirección a otros órganos como son por ejemplo la Fiscalía o la Sindicatura de Cuentas».
Lo que no recoge el texto son las argumentaciones políticas que el PP, y también Vox (que apoyará su toma en consideración) han exhibido para pedir su supresión: que sólo investigaba a las administraciones en las que gobernaban los ‘populares'. Milán ha ofrecido en varias ocasiones datos que invalidan esta acusación. El texto de la proposición de ley prevé el cese del director. La aprobación definitiva no se resuelve en el pleno de martes, que sólo es para su toma en consideración.