La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reclamado este jueves que el Gobierno dote una partida mínima de 18 millones para aumentar el plus de insularidad de los funcionarios estatales destinados en Baleares, un complemento que «lleva 18 años sin actualizarse» y «resulta absolutamente insuficiente para el coste de vida» en la Comunidad.
Con estas palabras Prohens ha apoyado las reivindicaciones de la Plataforma Insularidad Digna, formada por 21 sindicatos del ámbito de la Administración General, como Policía, Guardia Civil, funcionarios de prisiones, Tráfico, etc.
Prohens ha recalcado que ya trasladó esta petición en su primera carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cabe recordar que el plan inicial del Gobierno estatal pasaba por presentar los Presupuestos Generales de 2024 en febrero o a más tardar marzo, pero la hoja de ruta se ha visto alterada por las dificultades con la ley de amnistía.
En este contexto, el Ejecutivo no cierra la puerta por completo a una prórroga de los PGE para este 2024, aunque fuentes gubernamentales indicaban hace unos días que ningún partido ha trasladado, de momento, su apoyo a unas nuevas cuentas.
En su etapa de diputada en el Congreso Prohens ya promovió una enmienda para mejorar la indemnización de residencia con una partida de 18 millones, pero fue rechazada.
En este sentido, dentro del margen de actuación autonómico, Prohens ha incidido este jueves en que el Govern incluyó deducciones fiscales para plazas de difícil cobertura en sus presupuestos de 2024, ya en vigor.
La presidenta ha incidido en que la falta de actualización de este complemento «se traduce en que muchos trabajadores cuando tienen que escoger destino descartan venir a Baleares». De hecho, las Islas se convierten en «prácticamente una escuela de formación», ya que tras formarse los funcionarios destinados a las Islas como primer destino, «en cuanto pueden buscan otro destino en la Península donde el coste de la vida sea más asumible para el salario que reciben».
Prohens ha recalcado que las consecuencias las sufren «los ciudadanos» porque las vacantes «repercuten en los servicios» públicos, tanto en seguridad como en Justicia, Seguridad Social, Extranjería, etc. «En Ibiza no tienen ningún examinador para el carnet de conducir», ha enfatizado.
La presidenta balear ha compartido la «preocupación» de la plataforma sobre que no pueden «continuar con las palabras» sino que se debe «pasar a la acción». Además ha avanzado que trasladaría estas consideraciones al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, con quien se reunía a continuación.
«No queremos ver otro año a guardias civiles durmiendo en furgonetas o compartiendo piso entre cinco o seis personas, ni a un pensionista que tarda tres meses en cobrar su pensión», ha declarado, por su parte, el portavoz de la plataforma, Manuel Pavón.
Pavón ha destacado la unión de sindicatos muy diversos en esta plataforma, pidiendo a las fuerzas políticas «que hagan lo mismo, se unan y busquen solución al problema de déficit de personal». «Todo son buenas palabras, pero hasta ahora nada tangible que podamos tocar», se ha lamentado.
Por otro lado, Prohens ha celebrado que Baleares y Estado hayan consensuado el borrador del reglamento para el Régimen Fiscal Especial de Baleares, habiendo aceptado la mayoría de alegaciones de la Comunidad. La presidenta ha aprovechado la intervención para reiterar que el REB no debe tener «fecha de caducidad» sino ser «permanente».