La Fiscalía Anticorrupción cree que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría ejercido influencia en beneficio de la empresa Soluciones de Gestión con el objetivo de que la reclamación del Govern balear no prosperara.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recoge de forma pormenorizada el relato de la querella de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.
La investigación ha constatado que, a cuenta de esta reclamación de Baleares, hubo varios encuentros entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, a quien el auto señala como «la persona que realmente controla» Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, integrada en el grupo Cueto, aunque figura como propiedad de Íñigo Rotaeche.
Al respecto, el auto recoge que «se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear, a fin de que ésta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular».
El auto del juez menciona comunicaciones entre Cueto, Rotaeche y una tercera persona, de las que «se infiere que si la administración balear en el plazo de tres meses» --con fecha límite el 18 de enero de 2024-- no se pronunciaba expresamente, «se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de casi tres millones de euros».
Además, el documento añade que, observando las comunicaciones de los investigados, poco antes de la fecha límite dejaron de hablar sobre este asunto, por lo que Anticorrupción sospecha que «podría haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto».
EL GOVERN PAGÓ 3,7 MILLONES A LA EMPRESA Y RECLAMÓ 2,6 DESPUÉS
El Govern de Francina Armengol realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a Soluciones de Gestión, y después le reclamó formalmente 2,6 millones de euros a través de una propuesta de resolución firmada el mismo día en el que Marga Prohens era investida presidenta.
Fue la empresa quien contactó con el IbSalut avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma si el Govern estaba interesado. El IbSalut tendría que hacerse cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma.
Tras revisar la documentación técnica y que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando en aquel momento, se hizo el encargo, por valor de 3,7 millones de euros, para la adquisición de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2, un precio de 2,5 euros por unidad. Esta contratación se realizó mediante un informe justificativo de la necesidad de tramitación de emergencia.
El Govern recibió las mascarillas el 29 de abril de 2020 y los análisis de calidad se hicieron entre el 25 de mayo y el 8 de junio. Tras recibir los resultados el IbSalut retiró las mascarillas al comprobar que no reunían los requisitos de una FFP2, y las mantuvo almacenadas en caso de necesidad.
Ya en marzo de 2023, al final de la segunda legislatura de Armengol, el entonces director general del Servicio de Salud (IbSalut), Manuel Palomino, dirigió un apercibimiento a la empresa informando de que por la calidad de las mascarillas se tomarían las «medidas oportunas con el fin de resarcir» al IbSalut. En aquel escrito no se cifraba económicamente el importe.
Aquellas gestiones culminaron en un expediente de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato, cuya propuesta de inicio fue firmada el 6 de julio de 2023, el día de la investidura de Prohens, por el subdirector de la Central de Compras y Logística, con una reclamación de 2,6 millones de euros.
En el informe del subdirector de Compras se explica que no se pudo reclamar antes porque la pandemia no había finalizado --la Organización Mundial de la Salud declaró su fin en mayo de 2023--. En esta propuesta de inicio se calcula el importe de la indemnización por la diferencia del coste por unidad respecto a una mascarilla quirúrgica.