Los propietarios de viviendas ilegales en suelo rústico que quieren acogerse al proceso de legalización que prepara el Govern deberán pagar una sanción y quedarán obligados a introducir medidas de eficiencia energética e hídrica, según figura en el decreto urgente de simplificación administrativa que tiene a punto de aprobar el vicepresident del Govern.
El vicepresident ultima en estos momentos a cuánto ascenderá la cuantía que se deberá pagar para legalizar la vivienda, pero el#Govern de Marga Prohens se inspira en una medida muy similar que se aprobó durante el mandato de José Ramón Bauzá a instancias del entonces conseller Gabriel Company. El proceso de legalización de Company fijó sanciones de entre el 15 y el 25 % del valor de las obras de legalización y el borrador sobre el que trabaja Antoni Costa incluye unas cantidades similares, aunque en estos momentos puede ser objeto de modificaciones.
No solo viviendas
La posibilidad de legalizar las obras realizadas en suelo rústico se circunscribirá a las que ya han prescrito, es decir, que lleven al menos ocho años construidas, y no solo permitirán legalizar viviendas, sino también otras posibles construcciones ilegales que se hayan podido hacer, como por ejemplo piscinas, porches o ampliaciones. En cualquier caso, el decreto es todavía un borrador y está sujeto a modificaciones.
La intención inicial del Govern es que esta medida sea temporal, es decir, que los propietarios que hicieron las obras tengan un plazo concreto para legalizarlas, periodo que por ahora se desconoce. La norma que se aprobó a instancias de Gabriel Company estuvo en vigor un año y medio aunque la propuesta inicial era que durara tres años. El pacto suspendió esta norma aprobada por el PP nada más ganar las elecciones en el año 2015.
El Govern también quiere permitir que en los edificios fuera de ordenación se puedan ejecutar obras de consolidación y rehabilitación en la hipótesis de que exista riesgo para las personas. El equipo de Marga Prohens también tiene en marcha una reformulación de la legislación aprobada en 2020 que ha afectado a la totalidad de suelos urbanizables y a una gran parte de suelos urbanos sin desarrollar.
El objetivo de estos cambios es incrementar el parque de vivienda de protección pública. La intención es cambiar todas las normas que se aprobaron a instancias de Més en la anterior legislatura que supusieron la desclasificación de terrenos. Lo que el Govern no aclara por ahora es si estas modificaciones se incorporarán en este decreto urgente de simplificación administrativa o en una nueva ley de urbanismo en la que ya trabaja la consellera d'Habitatge, Marta Vidal.
El Ejecutivo está a punto de aprobar la norma ya que el objetivo es que pueda quedar aprobada en la primera semana de mayo. El departamento de Antoni Costa ya ha presentado parte de las disposiciones a los departamentos gubernamentales afectados, con quienes trabaja en colaboración para el redactado final del decreto.