El Consejo de Ministros ha accedido a la solicitud de Mercasa para intervenir en Mercapalma y detener su liquidación sin ninguna compensación al Ayuntamiento de Palma.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros este martes. El Gobierno hace uso del artículo 373 de la Ley de Sociedades de Capital, que faculta al Estado a intervenir sociedades estatales si lo juzga "conveniente para la economía nacional o para el interés social".
En este sentido, en una nota remitida por la Delegación del Gobierno en Baleares han asegurado que "el objetivo es garantizar el mantenimiento de esta infraestructura estratégica alimentaria y el suministro de alimentos frescos en Baleares y evitar así una grave distorsión del comercio".
El Estado ha resaltado que la medida no implica alteración de la propiedad de Mercapalma, que siguen ostentando el Ayuntamiento de Palma y la sociedad estatal Mercasa con la misma distribución accionarial (54,79% y 45,21%, respectivamente).
No obstante, cabe señalar que los estatutos firmados en 1974 determinaban que una vez finalizado el plazo --que terminó el 7 de junio de 2024--, el Ayuntamiento debía recuperar la infraestructura en condiciones de uso normales, revirtiéndole todos los activos y pasivos; lo que se traduce en que el Ayuntamiento sería el propietario del 100 por cien de Mercapalma.
Precisamente, lo que ha hecho el estado es dejar sin efecto el artículo que establecía esa fecha final, así como los relativos a la disolución y liquidación de la sociedad.
Por ello, el Ayuntamiento ya advertía hace unas semanas de que este paso supone privar al municipio de sus derechos sobre la infraestructura, una actuación que el alcalde, Jaime Martínez, calificó de "expolio". "Se resuelve que no proceden compensaciones a los accionistas por no haberse limitado o suprimido ninguno de sus derechos societarios", recoge el decreto publicado en el BOE.
Además, la resolución del Gobierno mantiene vigentes los cargos del consejo de administraciones y los apoderamientos existentes en el momento en el que caducó la concesión: "Los administradores se entenderán rehabilitados en su nombramiento como consejeros sin necesidad de nueva aceptación ni ulterior trámite". La intención de Cort era convocar a Mercasa a una nueva junta esta primera quincena de agosto para nombrar una comisión liquidadora.
El decreto establece que los accionistas de Mercapalma se podrán reunir en junta general, dentro de los tres meses siguientes, y acordar las medidas que consideren procedentes, incluida la modificación estatutaria o la continuidad de la sociedad con los cambios que consideren oportunos.
El texto reconoce también el derecho de separación de "cualquiera de los accionistas de Mercapalma que, voluntariamente, no deseen continuar en la sociedad". El decreto tendrá vigencia desde este jueves, día siguiente a su publicación en el BOE. El Ayuntamiento puede presentar un recurso de reposición ante el Consejo de Ministros en el plazo de un mes, o puede impugnarlo directamente por la vía judicial ante el Tribunal Supremo, para lo que tendría dos meses.
CONCESIÓN INDEFINIDA
Cuando se extinguió la concesión el alcalde de Palma reveló que Mercasa se negaba a liquidarla y que exigía al Ayuntamiento una concesión indefinida, una posibilidad que Cort descartaba por completo por considerarlo jurídicamente inviable.
Hace unas semanas Martínez ofreció una rueda de prensa donde anunció que Mercasa había comunicado el cese de las negociaciones e iniciado por su cuenta el procedimiento a través del Consejo de Ministros para conseguir su propósito.
Martínez denunció la "usurpación" del patrimonio de Palma sin compensación, privando al Ayuntamiento "de todos los derechos de reversión que tenía reconocidos contractualmente desde hacía 50 años": "Es modificar las reglas del juego al final del partido", protestaba.
Según Martínez, la propuesta de Cort siempre ha sido mantener a Mercasa como accionista con nuevas condiciones. "La intención de este Ayuntamiento no era despedir a Mercasa, sino hacerla partícipe en una nueva sociedad", dijo. El alcalde ya anticipó que plantarían cara en el terreno legal: "Llegaremos donde tengamos que llegar, sin ninguna duda".
EL GOBIERNO APELA A GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
En la referencia del Consejo de Ministros publicada este martes el Gobierno apela a la necesidad de "garantizar que todos los ciudadanos del archipiélago, residentes y visitantes, puedan acceder a una cantidad suficiente y adecuada de alimentos de calidad".
La nota gubernativa define Mercapalma como una "infraestructura estratégica" y desliza que su desaparición afectaría a la competencia; la califica también como un "instrumento fundamental para la distribución alimentaria".
"Mercapalma es el mayor centro logístico de distribución mayorista y de comercialización de alimentos frescos del archipiélago balear. En sus instalaciones se concentra la mayor oferta de empresas, actividades y productos relacionados con el sector de la alimentación en las islas. Se constituye por tanto como un centro fundamental para la distribución alimentaria radicado en la octava ciudad más poblada de España, cuya situación de insularidad y dependencia del turismo hace más relevante su existencia", abundan desde el Ministerio de Agricultura.
Mercapalma forma parte de la red de mercas, compuesta por 24 unidades en toda la geografía nacional coordinadas por Mercasa, que proporcionan infraestructuras y servicios a los operadores del sector de la distribución de alimentos. Los mercas se fundaron como concesiones municipales de 50 años y se configuraron como sociedades de economía mixta (figura ya desaparecida) que limitaban a ese periodo su existencia.
El Gobierno ha puntualizado que hasta la fecha, en otras regiones donde se llegó al límite de 50 años, "los accionistas de los mercas han procedido paulatinamente a la supresión de esa limitación temporal para configurarse como sociedades de duración indefinida".