La ley de simplificación administrativa que el Parlament tiene previsto aprobar el próximo martes ya no incluirá las excepciones para permitir la construcción en zonas inundables, algo que sí estaba contemplado en la versión inicial del texto. La modificación de este aspecto ocurre tras una tragedia que ha dejado más de 200 muertos debido a las recientes inundaciones en Valencia.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el texto será objeto de «modificaciones» y que el objetivo es garantizar «la máxima seguridad y prevención», aunque no ha profundizado en los detalles, ya que las negociaciones siguen en marcha. De hecho, estas discusiones continuarán hasta el mismo martes, cuando se llevará a cabo la votación del decreto que, en ese momento, se convertirá en ley.
Esta negociación es un proceso amplio, en el que participan todos los grupos parlamentarios, además del propio Ejecutivo. La dinámica parlamentaria exige que no se opongan a los cambios cuando el texto se encuentra en una fase tan avanzada. Para que las modificaciones se lleven a cabo, Vox también deberá aceptarlas, aunque no se sabe si luego las apoyará en la votación. A pesar de sus posturas escépticas sobre el cambio climático, todo parece indicar que el partido está dispuesto a dar su visto bueno.
El PSIB ha propuesto varias modificaciones, que coinciden en su mayoría con las de otros grupos, para cerrar el paso legal a la construcción en zonas de riesgo de inundación. La principal novedad es que el Govern está dispuesto a aceptar un nuevo texto en el que se prohíban estas construcciones. El PSIB, en particular, ha planteado lo que se conoce como una «enmienda viva», que es la que permitirá redactar un nuevo artículo o conjunto de artículos que dejarán claro que no se podrá edificar en zonas inundables.
Un trabajo conjunto de todos los grupos
Si la negociación sigue su curso sin contratiempos hasta el martes, se logrará, e incluso se mejorará, la normativa que inicialmente el Govern quería modificar. En línea con la filosofía de la ley, que busca simplificar la administración, se establecerá una prohibición total de la urbanización en zonas inundables, sin ninguna excepción, para cualquier tipo de edificación. Esto incluirá tanto viviendas como equipamientos públicos. Además, la nueva ley también extenderá esta prohibición a las industrias, una iniciativa que proviene del propio Govern. Todas las partes involucradas en las negociaciones parecen dispuestas a alcanzar un acuerdo.
Desde el Govern se destaca que fue la presidenta Prohens quien, en una reunión celebrada el martes, mostró su disposición a considerar todas las posibilidades y pidió la colaboración de todos los grupos para aprobar una ley de seguridad pública que permita agilizar los operativos para prevenir desastres como los ocurridos en Valencia o en Mallorca, especialmente en Sant Llorenç, en octubre de 2018.
Por su parte, desde Més per Mallorca se ha subrayado la reflexión de su coordinador, Lluís Apesteguia, quien hizo un planteamiento a corto, medio y largo plazo, y destacó que no buscaba «colgarse medallas» ni «hacer reproches». También desde el PSIB se ha insistido en la necesidad de alcanzar acuerdos. Desde el jueves, las negociaciones entre los partidos han sido intensas, y ese día ya se empezaron a perfilar cambios en el dictamen de la ley. El diputado Iago Negueruela y la diputada Mercedes Garrido han sido clave en la revisión de diversas opciones y han presentado propuestas basadas en la enmienda viva de su partido.
En relación a la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana, que también está gobernada por el PP, Costa destacó que, tras la tragedia, la prioridad es atender a las víctimas y reconstruir los municipios y las infraestructuras afectadas. «Llegará el momento en que quien tenga que asumir responsabilidades, las asuma», añadió Costa, sin mencionar de forma directa al presidente valenciano, Carlos Mazón.
La ley de simplificación administrativa que se aprobará el martes va más allá del urbanismo e incluye modificaciones a decenas de normas y leyes. Sin embargo, el acuerdo inminente entre los grupos parlamentarios se limita a las medidas relacionadas con las zonas inundables. En otros aspectos de la ley, siguen existiendo diferencias.