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Prohens quiere que las pruebas dentales para determinar la edad de los migrantes se realicen de forma «permanente»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en su visita a los Servicios Técnicos Portuarios. | CAIB

| Palma |

El Govern balear quiere que las pruebas dentales para determinar la edad de las personas migrantes que llegan a la comunidad se realicen de forma «permanente» y así se lo ofrecerán a la Fiscalía, quien debe ordenar estos procedimientos y con la que prevén reunirse próximamente.

Lo ha explicado este miércoles la presidenta autonómica, Marga Prohens, en una rueda de prensa posterior a su visita a los Servicios Técnicos Portuarios (STP), en la que ha reiterado que con esta medida --propuesta por Vox a cambio de su apoyo a los presupuestos de 2025-- pretenden proteger a los menores que se encuentren en los centros de acogida.

«Hay que ser lo más rigurosos y exactos posibles. El IbSalut ya está realizando radiografías óseas y ahora la idea es intentar ser mucho más precisos para garantizar la dignidad de los menores que acogemos y que ya tenemos acogidos. Hoy es el Día de la Infancia, y para protegerla tenemos que estar seguros de que todos los menores que estén en centros de menores sean menores», ha defendido Prohens.

Estas pruebas, ha incidido, ya están a disposición de la Fiscalía, que es quien debe determinar si es necesaria su utilización para determinar si los jóvenes migrantes llegados en patera que vayan indocumentados sean o no menores. «Se va a ofrecer para que se realice de forma permanente y vamos a poner este recurso en sus manos siempre que lo soliciten», ha dicho la presidenta, quien ha asegurado que se reunirán próximamente con el Ministerio Público.

Además, ha salido al paso de las críticas de la oposición, quienes aseguraron que era una medida que deshumanizaba a los migrantes y que, además, no estaba contemplada en la ley. «Se hace en otros casos, que sea invasiva o ilegal es un bulo», ha sostenido.

Ésta, ha admitido, es solo una de las medidas en materia de migración que están barajando en el marco de las negociaciones de los presupuestos, aunque no se ha aventurado a mencionar ninguna de ellas. «La pasada legislatura fuimos la vergüenza de España en la gestión de los centros de menores, y estamos poniendo todos lo recursos para que ahora estén protegidos», ha sentenciado.

Por otro lado, ha insistido en la falta de recursos con los que cuentan los Consells a la hora de acoger «en condiciones de dignidad» a los menores migrantes no acompañados. «Reclamamos más recursos al Gobierno, porque los Consells están hipotecando sus presupuestos por una situación que no puede desvincularse de la inmigración irregular, que es su competencia», ha subrayado la presidenta.

El «crecimiento exponencial» de la inmigración irregular, ha considerado, «es un tema muy, muy preocupante» para la mayoría de la ciudadanía. «Hemos visto imágenes de llegadas de migrantes a nuestras costas que no las quiero ver», ha advertido, sin especificar de cuáles hablaba. «Y si la izquierda quiere seguir defendido la falta de seguridad y la okupación, que lo hagan ellos, pero la sociedad no está en eso», ha zanjado.

SIGUEN LAS NEGOCIACIONES POR LAS ZONAS INUNDABLES

Prohens, a preguntas de los periodistas, ha aseverado que las negociaciones entre los grupos parlamentarios para enmendar el decreto ley de simplificación administrativa y poner coto a las construcciones en zonas en riesgo de inundaciones siguen su curso.

No obstante, ha justificado que las llevan con «discreción» y no ha querido adelantar si hay algún punto de acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición. «Hemos presentado unas propuestas muy claras pensando en la protección de los ciudadanos, no solo en las viviendas, y para corregir el decreto de Armengol sobre los equipamientos sensibles», ha dicho.

A su juicio, es «una incoherencia y un error» prohibir la construcción de viviendas en zonas inundables pero permitir la de escoletas, centros de salud o centros de mayores.

También ha reiterado la necesidad de dar una solución a aquellas personas que tengan su vivienda en una zona de riesgo, pero fuera de ordenación. «Merecen ser protegidos en igualdad de condiciones, como cualquier otro ciudadano. Estamos trabajando en nuevas propuestas para intentar que, si los grupos las rechazan, nos digan cuál es la solución. La mía es muy clara: protegerlos», ha concluido.

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