El GOB ha pedido a los ayuntamientos de Baleares que paralicen de forma «total y urgente» todos los expedientes de legalización de construcciones que se encuentran en zonas inundables.
En un comunicado este martes, la organización ecologista ha señalado que los consistorios son los que están recibiendo las solicitudes para regularizar construcciones fuera de ordenación, a raíz del decreto ley de simplificación administrativa.
Igualmente, han exigido una suspensión cautelar de los expedientes que ya están en trámite o se hayan resuelto hasta que haya una resolución clara de las determinaciones del proyecto de ley y hasta que se apruebe definitivamente la revisión de la delimitación de las áreas inundables o potencialmente inundables.
Según el GOB, en Palma se han presentado nueve solicitudes de legalización de grandes construcciones unifamiliares, dos de ellas situadas en una zona potencialmente inundable, según la cartografía del Plan Hidrológico de Baleares.
Los ecologistas han subrayado que el PP se ha abierto a prohibir nuevas edificaciones en suelo inundable pero no a paralizar la legalización de las ya construidas, una «irresponsabilidad más» de un Govern que, a su parecer, «no se toma seriamente la emergencia climática y sus terribles consecuencias».
Al mismo tiempo impulsa una revisión de la delimitación de las zonas inundables y potencialmente inundables que, han asegurado, ya están delimitadas en Baleares. «Hace temer que la revisión sea para reducir los límites en las zonas inundables donde haya conflictos de intereses», han apuntado.
En esta línea, han considerado que estas áreas deberían extenderse y no reducirse, teniendo en cuenta que el enorme volumen de agua que cayó en Valencia puede ser cada vez más frecuente. Por ello, han planteado establecer una moratoria en nuevas construcciones y en legalizaciones de zonas dentro o próximas a los espacios actualmente marcados como inundables.
Los ecologistas han criticado, por otro lado, que el Govern no haya convocado en lo que va de legislatura el Consell Balear del Clima, teniendo en cuenta que la Ley de energía y cambio climático señala que este órgano se tiene que reunir dos veces al año.
El Comité de Expertos en Cambio Climático de Baleares ya ha solicitado al Ejecutivo que frene este proyecto de ley por el «negativo impacto que puede tener en los retos sobre el cambio climático».
Con todo, el GOB ha insistido en que la sociedad necesita «con urgencia» que las instituciones públicas «abandonen el negacionismo climático», que «dejen de legislar para favorecer el negocio inmobiliario» y que los ayuntamientos hagan «un paso firme para evitar situaciones de inseguridad jurídica y riesgos para vidas humanas».