El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha pedido abrir una «vía institucional» para poder reclamar ante los ministerios de Hacienda y de Justicia la equiparación del plus de insularidad con sus homólogos de Canarias.
Lo ha dicho este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales del Parlament para dar cuenta de la memoria judicial sobre el estado, funcionamiento y actividades del TSJIB de los años 2022, 2023 y 2024.
Preguntado al respecto por los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, Gómez ha reivindicado la necesidad de incrementar la indemnización por residencia no solo para los jueces y magistrados, sino para todos los funcionarios de la administración de Justicia.
Actualmente, ha apuntado, un juez cobra un plus de unos 80 euros mensuales, que desearía que se equiparara con el que perciben los funcionarios judiciales de Canarias. «Lo hemos pedido y siempre nos dicen que es imposible», ha lamentado.
En cualquier caso, ha indicado que la junta de gobierno del TSJIB se reunió recientemente con dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para solicitar la apertura de una «vía institucional» para que su reivindicación llegue a los ministerios de Justicia y de Hacienda.
Gómez ha subrayado su intención de llevar este asunto por el cauce institucional y no por el sindical o el político. «Nos han dicho que nos tramitarán una reunión en la Comisión Mixta para hablar de la necesidad de este plus de insularidad», ha confirmado.
Falta de jueces y problemas en los edificios
Más allá de los datos propios de la memoria, que ya presentó a principios de abril, Gómez ha puesto el foco en la falta de jueces que sufre Baleares, unos 40 en toda la administración, y del mal estado en el que se encuentran algunos edificios judiciales.
La transferencia de las competencias en materia de justicia a Baleares --algo sobre lo que también le han interpelado los diputados--, ha considerado Gómez, no daría una solución a la carencia de jueces.
«No creo que haya relación, porque quien decide las plazas que se crean es el Gobierno central. De estas 40 plazas que he dicho que son necesarias, el CGPJ me ha demandado hacer una selección de las que considero que son más importantes. He seleccionado cuatro, y de estas me quedarán dos, si hay suerte», ha vaticinado.
En lo que la transferencia o no sí que supone un cambio, ha contrapuesto, es en las infraestructuras y el mantenimiento de los edificios que albergan los diferentes órganos de la administración de Justicia.
Actualmente se están llevando a cabo o están pendientes las tareas de remodelación de algunas dependencias judiciales del archipiélago y el traslado de otras a nuevos edificios, además de estar pendientes de la construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Palma, que será una realidad en ocho años.
«El tema de los edificios se está moviendo lentamente, como funcionan estas cosas, pero al menos tenemos un futuro, cosa que hace unos años no teníamos, sobre todo en Palma», ha subrayado Gómez. En esta materia, ha añadido, si Baleares tuviera transferida las competencias «probablemente no estaríamos como estamos».
En cualquier caso, ha sostenido que la transferencia de la Justicia es «ingrata» y poco «atractiva», dado que «no genera votos» como sí lo hace --a su parecer-- la educación o la sanidad.
Esto se debe, ha especulado, a que la gente, por lo general, «piensa que nunca tendrá que ir delante de un juez». «Pero cualquiera puede ser desahuciado o tener un accidente de tráfico, y entonces se dan cuenta de lo lento que es todo», ha señalado.
El acceso a la carrera judicial y el uso del catalán
El presidente del TSJIB también ha sido preguntado acerca de su opinión del proyecto de ley orgánica para modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal, la cual ha considerado que merece una «discusión social».
Si los jueces están «para servir a la sociedad» la sociedad también tiene que decidir «qué tipo de jueces quiere», ha esgrimido, También ha puesto en valor el sistema de becas para los opositores que contempla la normativa.
Aunque ha reconocido que el proyecto legislativo ha sido objeto de críticas por parte de algunas asociaciones judiciales y fiscales y que es importante escuchar la opinión de los jueces, ha considerado que el rechazo «no es unánime».
Gómez también ha defendido la oportunidad de la campaña puesta en marcha para fomentar el uso del catalán en la administración de Justicia en Baleares y recordar a la ciudadanía su derecho a emplearlo.
«Tenemos que garantizar que la gente que quiera usar el catalán pueda hacerlo», ha subrayado. A diferencia de otras comunidades autónomas en las que se ha trabajado mucho en este sentido, ha apuntado, en Baleares todavía hay que «equilibrar las cosas» y en esa dirección va la campaña 'La justícia, també en català'.
El presidente del TSJIB ha lamentado que las sentencias y autos escritas en catalán sean residuales y lo ha achacado al hecho de que la mayoría de los términos judiciales que se aprenden en la universidad son en castellano, por lo que es «más cómodo» mantener el idioma.
Otro de los aspectos que podría influir en este asunto, ha considerado, es el sentimiento --«que me gustaría que no existiera», ha apostillado-- de que la administración de Justicia es por esencia una administración en castellano. «Pero no lo es, y el ciudadano tiene derecho a usar tanto una como otra», ha zanjado.
Los problemas en Formentera
Por último, Gómez ha abordado los problemas a nivel judicial que afronta Formentera debido a su doble insularidad, lo que le sitúa en una situación «muy especial» que ha asegurado que tiene en cuenta a la hora de planificar las plantillas judiciales.
Los problemas de la menor de las Pitiusas, sin embargo, son difíciles de hacer llegar hasta el Ministerio de Justicia si no es a través de memorias como la presentada este miércoles, ha dicho.
Con la nueva ley de eficiencia de la Justicia, ha recordado el magistrado, los partidos judiciales --aproximadamente-- se reducen a la mitad hasta los 400, un contexto en el que «es difícil pensar que Formentera pueda tener uno propio».
No obstante, ha defendido el buen funcionamiento de las oficinas municipales de justicia como la que hay en la menor de las Pitiusas, a través de las cuales se pueden realizar buena parte de los trámites habituales como presentar documentación o prestar testimonio.
Pedro ibizano estoy de acuerdo contigo. Un auxiliar administrativo de Ibiza cobra lo mismo que un auxiliar administrativo en León o Murcia, si lo comparas con un camarero que trabaja 10/12 horas y 6 meses, posiblemente si cobren más aquí, pero ni todos somos funcionarios, ni todos somos camareros de temporada. Por otro lado, si me estás diciendo que el pésimo servicio público de Ibiza es porque cobran 300euros menos no me lo creo. Con 300euros más al mes seguirán sin encontrar vivienda, a no espera, que también quieren hacer viviendas para funcionarios. Ventajas medicas, ventajas bancarias, ventajas laborales y ventajas para la vivienda, no crees que demasiado privilegio para el empleado publico, así celebran la obtención de una plaza como si les hubiera tocado la lotería.