El sector del taxi apremió este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a frenar la «hecatombe» que representan para el colectivo unas 10.000 licencias de VTC solicitadas en Balears. Unas 3.500 de ellas son en Mallorca y alrededor de 6.500 en Ibiza; permisos que necesitan empresas como Uber, Bolt y Cabify para poder operar en las Islas sus vehículos de alquiler con conductor.
Estas solicitudes se presentaron en 2023 ante la expectativa de cambios legislativos. A criterio de los jueces, estas peticiones quedan al margen de la moratoria que aprobó con posterioridad el Parlament precisamente para contener la avalancha de solicitudes hasta disponer de un reglamento que determine las dimensiones de la oferta.
La preocupación cunde en el sector del taxi tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que ha supuesto un duro revés a la estrategia de Baleares ante los VTC. Los magistrados revocan la denegación de 600 solicitudes y ordenan al Govern reexaminarlas. Son todas de una empresa en concreto, pero el ejemplo sería extensivo al resto de peticiones pendientes.
Ratio
El fallo desactiva la principal herramienta de la que se había dotado la Comunidad para poner coto a los vehículos sin conductor, una ratio en relación con el número de taxis (un VTC por cada 12,6 taxis en Mallorca) que en la práctica servía para establecer un techo máximo. El TSJIB considera que ese principio no estaba suficientemente justificado. La sentencia no implica la concesión automática de las licencias, pero sí fuerza a la administración a reconsiderarlas caso por caso. El Govern barajó un posible recurso que finalmente parece haber sido descartado.
Por ello, en una reunión mantenida este miércoles en el Consolat de Mar, la Federación Independiente del Taxi de Baleares sugirió al Govern otro resquicio legal al que aferrarse para denegar las peticiones. Los taxistas argumentan que las de VTC son autorizaciones estatales (que otorga el Govern por delegación de competencias) que no deberían considerarse válidas para operar en Balears por la falta de vías de titularidad del Estado. El transporte que prestan las empresas como Uber sería fundamentalmente urbano o insular, siendo materialmente imposible traspasar las fronteras autonómicas por carretera, y por tanto los taxistas proponen al Govern que utilice este argumento para no autorizarlas.
La llegada de estas licencias «sería insostenible para el modelo económico» de Balears, subrayó el presidente de la Federación, Gabriel Moragues, que sin rodeos habló de «mafias» que «especulan con un bien público». Los taxistas advierten que en otras partes de España ya se ha detectado que empresas de inversión adquieren las licencias pagando una tasa irrisoria para luego venderlas por mucho más precio, logrando con ello beneficios millonarios.
«Tenemos que preguntarnos qué modelo queremos para las Islas: 2.500 taxis, 2.500 familias, 2.500 pequeños negocios, o dos o tres grandes operadores especulativos que hacen trampas», señaló por su parte el presidente de PIMEM, Jordi Mora. La patronal avisa del impacto que tendría sobre el territorio, a todos los niveles, la llegada masiva de flotas de VTC cuando en Mallorca e Ibiza el debate público está siendo precisamente cómo poner límites. En esta misma línea se expresaron desde la asociación Élite Corsaris d’Eivissa, desde donde afirmaron que sería una «auténtica locura» el desembarco de 6.500 licencias VTC más en la isla de Ibiza. «Está claro que las empresas especulan con estas licencias, como en ningún momento se puso ningún tope a la solicitud de licencias y éstas son a precios muy económicos, pues esto provocó que algunas empresas empezasen a pedir libremente; sería una barbaridad». Añaden, además, que si llega a materializarse toda esta cantidad de nuevas licencias VTC en Ibiza «no sería tampoco bueno para las propias empresas de VTC». «La Administración tiene que intentar frenarlo», concluyeron desde Élite Corsaris d’Eivissa.
Eres un pobre payaso analfabeto.