El llamamiento realizado por el GOB la pasada semana para reclamar unas «tarifas justas» del transporte escolar ya cuenta con la adhesión de más de un centenar de centros educativos de Mallorca, Menorca e Ibiza, así como de más de una decena de asociaciones de directores, familiares y sindicatos. Según han detallado desde la entidad, las adhesiones se han ido sumando durante los últimos días, «evidenciando el crecimiento de una problemática que afecta al conjunto de la comunidad educativa desde hace años», han manifestado.
El encarecimiento del transporte para realizar salidas educativas es una situación que se repite cada año, sobre todo con la llegada de la temporada turística. Este año, además, el contexto se ha visto agraviado por el aumento del precio del combustible, lo que ha disparado aún más unos costes ya de por sí elevados.
En este sentido, el GOB ha alertado que este encarecimiento genera «una clara desigualdad». En muchos casos, el coste del autobús llega a superar el de la actividad misma. Este hecho habría provocado una reducción en las salidas escolares y, en algunos centros, su eliminación.
Más allá del impacto económico, desde la entidad han recordado que salir del aula «es una parte esencial del proceso educativo, y especialmente clave en el ámbito de la educación ambiental, ya que permite a los niños y jóvenes conocer su entorno y entender la relación entre la sociedad y la naturaleza».
Ante esta situación, el GOB y los centros adheridos reclaman medidas urgentes por parte de las administraciones, entre las cuales destacan el establecimiento de una tarifa educativa regulada con precios máximos asequibles, la garantía de una cuota mínima de autocares para uso educativo en temporada alta, la creación de un calendario protegido para salidas escolares y el impulso de ayudas públicas para compensar los sobrecostes, entre otras.
Según han afirmado desde la entidad, algunas administraciones locales ya se han puesto en contacto para poder encontrar soluciones y han añadido que «estamos a la espera de que las autoridades competentes quieran reunirse con los implicados».