El Gobierno ha logrado el respaldo de las principales organizaciones sindicales para elevar las indemnizaciones por residencia en las Islas Baleares para los empleados públicos de la Administración General del Estado, en cumplimiento del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo y el Servicio a la Ciudadanía.
Este lunes se ha reunido la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado y la propuesta de los ministerios de Hacienda y de Transformación Digital y de la Función Pública ha obtenido el respaldo de UGT y CSIF y la abstención de CCOO. CIG, por su parte, ha votado en contra, mientras que ELA y LAB no han asistido. Previamente se han celebrado dos reuniones técnicas con los sindicatos y el texto definitivo deberá ser ratificado en Consejo de Ministros. Los 11.176 efectivos de la Administración del Estado residentes en Baleares recibirían las mismas cuantías que en la actualidad tienen los empleados públicos en Canarias y su distribución sería también similar.
Por tanto, el acuerdo distingue entre los residentes en Mallorca, a los que actualiza la compensación un 100% de media, y los del resto de islas del archipiélago, con más de un 300% de media para Menorca, Ibiza y Formentera.
El Acuerdo Marco
El incremento de estas cuantías se contempla en el apartado séptimo de dicho Acuerdo Marco firmado con los sindicatos en noviembre de 2025: «Asimismo, se revisarán al alza en 2026 las indemnizaciones por razón de servicio, incorporando criterios de igualdad entre empleadas y empleados públicos, y los complementos de residencia e insularidad».
En dicha actualización de las cantidades han tenido que ver los actuales problemas de acceso a la vivienda y la necesidad de adecuarlas a la realidad socioeconómica.
El texto del acuerdo alcanzado hoy incorpora el compromiso de seguir negociando otras mejoras sobre la misma materia.
El Consejo de Ministros del pasado lunes 29 de junio aprobó un Real Decretoley 19/2026 que establecía en su Disposición adicional única un mandato al Gobierno para revisar, en el plazo de seis meses y previa negociación colectiva, las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en las Illes Balears, con el fin de adaptarlas a la situación actual.