El pleno del Parlament ha convalidado el decreto ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años y contempla multas de entre 6.000 y 60.000 euros.
El decreto ley de medidas urgentes en materia de protección de la salud pública, fue aprobado el pasado 7 de agosto por el Consell de Govern y ha sido convalidado por unanimidad.
La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido este miércoles la norma en la Cámara, subrayando que tiene "una única y clara finalidad", la de proteger la salud de los niños y adolescentes.
"Nace de una realidad que no podemos ignorar", ha indicado, en referencia al incremento "preocupante" del consumo de determinados productos y sustancias entre menores de edad, especialmente el consumo de bebidas energéticas y el uso recreativo del óxido nitroso, conocido como el 'gas de la risa'.
La consellera ha repasado los riesgos de este consumo en los menores de 18 años, remarcando que son hábitos que pueden afectar al desarrollo físico y neurológico. Así, ha remarcado que el Govern considera "imprescindible" actuar en este sentido.
"El Parlament tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro a la sociedad: la salud de nuestros menores merece una protección efectiva y no puede quedar condicionada por la inacción ante riesgos emergentes", ha concluido.
La diputada del PSIB Patricia Gómez ha coincidido con la consellera en que proteger a los menores debe ser un objetivo prioritario. Sin embargo, ha considerado que el decreto es "una propuesta parcial" que "nace pequeña ante la magnitud" del problema.
Así, la socialista ha subrayado la necesidad de contar con una ley de adicciones consensuada con entidades y sectores empresariales que protejan a toda la población. Además, a su entender, el decreto ley "no está consensuado" y que su redacción "genera muchas dudas".
Por este motivo, el PSIB ha pedido la tramitación del decreto como proyecto de ley, aunque los votos en contra de PP y Vox han rechazado esta posibilidad.
MÉS per Mallorca también ha resaltado la importancia de actuar frente a las adicciones de los jóvenes. Igualmente, la diputada Marta Carrió ha lamentado que el decreto por sí mismo "no da una respuesta suficiente" al problema.
"No cuestionamos que hoy se tenga que actuar, pero sí que se tenga que actuar a través de modificaciones puntuales de una ley que necesita una revisión integral", ha explicado.
Del mismo modo, los diputados de Més per Menorca, Unidas Podemos y por Formentera, Joana Gomila, José María García, y Llorenç Córdoba, respectivamente, han coincidido en la importancia de poner límites a este consumo, sensibilizar a la sociedad y proteger a los menores.
Por parte del PP, la parlamentaria Isabel Maria Borrás ha subrayado que el riesgo "existe hoy" y que, por ello, "no tiene ningún sentido" aprobar el decreto más adelante.
Por último, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha considerado que el consumo de bebidas energéticas y el uso recreativo del óxido nitroso era "un vacío legal que merecía una repuesta contundente". "Nuestra obligación es la protección de los jóvenes y la prevención de conductas adictivas", ha añadido.
Los detalles de la prohibición
Se consideran bebidas energéticas aquellas bebidas no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, de acuerdo con el criterio establecido en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y que incorporan habitualmente azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.
Desde el Govern han resaltado la preocupación creciente por el consumo de bebidas energéticas entre la población joven. Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 19,5 por ciento reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.
El consumo de estas bebidas es cada vez más frecuente entre los menores de edad, tanto solas como combinadas con alcohol. Su consumo se asocia a riesgos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el aumento del riesgo cardiovascular. Además, cuando se mezclan con alcohol pueden reducir la percepción de embriaguez, favorecer un mayor consumo y aumentar las conductas de riesgo.
La protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta a menores que ya se aplican al alcohol y al tabaco.
El incumplimiento de la prohibición de venta, suministro o entrega de bebidas energéticas a menores está tipificado como infracción grave en la Ley sobre drogodependencias y otras adicciones de Baleares. La normativa prevé multas de entre 6.001 y 60.000 euros.
El Govern es consciente de que la entrada en vigor de esta medida supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.
La aplicación de la nueva normativa requerirá la adaptación de procedimientos de venta y control de edad por parte de los establecimientos para garantizar su cumplimiento.
Esto conlleva retirar estas bebidas de las máquinas vending