Una sentencia emitida el 7 de abril del pasado mes por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma reconoció la titularidad privada de cinco torres de defensa situadas en las Pitiüses -las de ses Portes, es Carregador, Xarraca, d'en Rovira y es Savinar-, otorgando la potestad de otras cuatro -Campanitx, s'Espardell, Balansat y sa Torreta- a la Administración Central. La Abogacía del Estado, a través del letrado destacado en Balears, Francisco Medina, ha decidido emitir un recurso de apelación ante esta sentencia.
De este modo, el contencioso será visto en una sesión civil de la Audiencia Provincial, en una fecha aún por determinar, para que ésta decida si el recurso es aceptado o no. Según Francisco Medina, este trámite puede ocupar unos dos años de tiempo, ya que «hay mucha acumulación de asuntos en los juzgados».
Pero aunque la iniciativa ante la Audiencia Provincial no llegue a buen fin -o sea, que este tribunal rechace la apelación-, el Estado aún podrá, mediante un recurso de casación, llevar el contencioso ante el Tribunal Supremo. «Si la apelación no fuera admitida elaboraríamos un recurso de casación y el caso pasaría a la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, en Madrid. Mis competencias terminan ante los tribunales de Balears», especificó ayer a Ultima Hora Ibiza y Formentera Francisco Medina.
El contencioso sobre la propiedad de las torres de defensa que hay en las islas de Eivissa y Formentera dio comienzo en 1982, cuando la Abogacía del Estado la interpuso por vez primera. Francisco Medina se hizo cargo del caso a finales de los años ochenta. «Es un pleito muy trabajoso y quizá uno de los más antiguos de Balears hoy en día», apuntó Francisco Medina.