En declaraciones a EFE, el responsable del Servicio Jurídico de la SGAE, Pablo Hernández, ha considerado «negativa» la decisión de la Comisión Europea por que, en su opinión, «genera confusión» y no asegura la uniformidad del mercado europeo. Hernández ha señalado que, en lugar de una decisión de la Comisión Europea que «no permite tener en cuenta todos los intereses en juego», la SGAE hubiera preferido «un marco legislativo armonizado a nivel europeo que diera mayor seguridad y certidumbre a los titulares de derechos y a los consumidores».
Ha precisado que la decisión de la Comisión «no tiene consecuencias prácticas para la SGAE» por que, desde hace tiempo, desarrolla alianzas internacionales con otras entidades de gestión, aunque ha reconocido que implicará «un ajuste pequeño en los contratos». Según Hernández, la resolución de la Comisión «cambia la doctrina tradicional» sobre las entidades de gestión en el ámbito de internet y requiere a las entidades de gestión que hagan determinadas adaptaciones en su forma de relacionarse en un plazo de cuatro meses.
En virtud de esas adaptaciones, ha detallado, las entidades de gestión no podrán establecer acuerdos de representación de forma colectiva, sino que cada entidad de gestión deberá establecer con libertad y de forma individual los pactos con el resto de entidades.