El Plan de Reforma Integral (PRI) de la playa de Palma huye de polémicas, renuncia a las expropiaciones e impulsa la regeneración de una zona madura. La inversión pública será prácticamente testimonial, pero se facilita la modernización de los hoteles ya existentes y la construcción de nuevos establecimientos de alto nivel. La iniciativa privada ha de ser la protagonista de una regeneración imprescindible que la administración pública debe guiar y orientar.
El remodelado Plan de Reforma Integral, que previsiblemente se aprobará el próxima día 30 de julio, nada tiene que ver con el mega proyecto encabezado por Margarita Nájera y presenta también sustanciales modificaciones respecto al proyecto inicial aprobado en junio del 2013.
El nuevo PRI fomenta la modernización de la planta hotelera, además de contener la densidad residencial. El gerente del Consorcio de la Playa de Palma, Álvaro Gijón, consciente de la necesidad de contribuir a la desestacionalización, apostó desde el primer momento por conseguir que un buen número de establecimientos opten por abrir un mínimo de once meses al año.
Modernizar y mejorar los establecimientos turísticos es el gran reto. Desde un primer momento, Gijón y su equipo de trabajo detectó la necesidad de ofrecer incentivos a los hoteleros para que inviertan en sus establecimientos en la playa de Palma. Muchos hoteles se encuentran en solares de reducidas dimensiones y necesitan crecer para dotar a sus instalaciones de elementos que se han convertido en casi imprescindibles -spa, piscina climatizada interior...-.
La nueva ley de Turismo permite a los establecimientos de la playa de Palma aumentar su volumen en altura, solventando las dificultades para la modernización que padecían muchos empresarios.
El Plan de Reforma Integral de la playa de Palma ha conseguido, finalmente, que los establecimientos de la zona o los de nueva construcción puedan tener las ventajas e inconvenientes de los catalogados como hoteles de ciudad. Las ventajas son muchas para los empresarios, puesto que en el caso de hoteles de nueva construcción no han de comprar plazas turísticas. Además, favorece la rehabilitación de hoteles, que si son de ciudad no han de cumplir, por ejemplo, con los ratios mínimos por habitación que prevé la normativa. La inmensa mayoría de los hoteles de la playa de Palma tienen una estructura interna antigua con habitaciones de reducidas dimensiones.
Adaptarse a las exigencias actuales supone casi siempre perder plazas con las consiguientes pérdidas. Así, el hecho de poder convertirse en hoteles de ciudad supone importantes ventajas para los empresarios. En todo caso, hay también contrapartidas, puesto que los hoteles de ciudad han de mantenerse abiertos durante 11 meses al año como mínimo. Además, han de ser obligatoriamente establecimientos de 4 o 5 estrellas. Además, el PRI obliga a que la reforma del hotel que quiere ser de ciudad sea integral. Así, exige que las obras de remodelación tengan un coste que sea, como mínimo, del 50% del valor catastral.
El proceso para que los hoteles de la playa de Palma puedan ser considerados de ciudad no ha sido fácil, puesto que la Conselleria de Turismo opuso inicialmente una tenaz resistencia, puesto que la venta de plazas es una fuente de ingresos importante. Finalmente, el conseller Jaime Martínez aceptó la petición de Álvaro Gijón, gerente del Consorcio de la Playa de Palma, al comprobar que tenía el apoyo unánime de los hoteleros.
La playa de Palma es un destino maduro, pero con una demanda importante. De hecho, la compañía hotelera Hipotels, propiedad del empresario mallorquín Joan Llull, se ha decidido a construir dos hoteles en la zona ante la demanda de los tour operadores.
El Consorcio apuesta por convertir la playa de Palma en un destino de calidad, aunque sin perjudicar los intereses de ningún hotelero, grande o pequeño. De hecho, los hoteles de 1 y 2 estrellas no están abocados al cierre. Podrán aumentar de categoría o, si se mantienen como de 1 y 2 estrellas, deberán pasar por diferentes pruebas de calidad. Además, tendrán también la opción de convertirse en viviendas. La idea es que en cualquier caso se trate de pisos de calidad, con un mínimo de 90 metros cuadrados por vivienda. En este sentido, el Plan de Reforma Integral deja el techo residencial de la zona en 39.000 habitantes y no permite la construcción de más viviendas con la excepción de 40 pisos en la zona de Llucmajor.
Uno de los grandes retos del Consorcio es convertir la zona en un destino verde y adaptado a las nuevas tecnologías. Las principales inversiones públicas irán destinadas a la depuración de aguas. Hoy, el agua es turbia y se pretende que recupere su mejor color. Para ello, entre otras medidas, se reformará por completo la planta depuradora de Sant Jordi y se llevará el emisario submarino ya existente un kilómetro más lejos.