Días después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegurara en Ibiza que los residentes no tendrían prioridad a la hora de optar a una VPO de Ca n´Escandell, patronales y colegios oficiales siguen mostrando su sorpresa.
Desde la demarcación pitiusa del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, el presidente Lluís Oliva reconoció este martes su preocupación por las palabras de Rodríguez recordando que «tenemos un problema endémico en Ibiza y Formentera. No se construye vivienda para residentes o la que se hace es a unos precios inasequibles. Por tanto, son necesarias estas promociones accesibles y enfocadas a quienes están aquí, que al final son el motor de la isla».
Para Oliva, que en una promoción «tan esperada» como la de Ca n’Escandell no tengan preferencia los residentes y cualquier ciudadano legal en el país pueda optar a una de estas viviendas es algo que «no acabamos de entender muy bien», señaló el presidente.
«Nos estamos quejando de que la gente de aquí no tiene dónde vivir y ahora abrimos estas promociones a gente de fuera. Entiendo que habrá después matices pero, por ejemplo, también habrá funcionarios ibicencos que quieran vivir y trabajar aquí», manifestó.
El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Pimeef, Zenón Helguera, consideró también que los residentes deben tener preferencia puesto que la isla no puede recibir a más gente cuando aquellos que están en Ibiza deben irse por la falta de viviendas. «No tiene sentido», insistió. La presidenta de los constructores en las Pitiusas, Consuelo Antúnez, no ocultó su sorpresa por las palabras de la ministra, más cuando todos los esfuerzos ahora van encaminados a lograr viviendas para los residentes.
Empadronamiento
Recientemente, el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, planteó en el Consell d´Alcaldes la necesidad de solicitar al Gobierno de España, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a CASA 47 que las promociones públicas que se desarrollen incorporen criterios que prioricen a los residentes. En el caso concreto de Ca n’Escandell, Triguero sugirió que las personas que acrediten diez años o más de residencia en Ibiza tengan preferencia en el acceso a las viviendas, reforzando así el objetivo de que esta gran promoción pública contribuye de forma efectiva a solucionar el problema habitacional de quienes ya viven y desarrollan su proyecto de vida en la isla, especialmente jóvenes.
El alcalde defendió que esta petición no pretende excluir a ciudadanos de otros territorios, sino conseguir que una actuación pública de esta magnitud responde en primer lugar a la emergencia residencial que sufre Ibiza.
Días después, la directora insular de la Administración del Estado, Raquel Guasch, manifestó en una entrevista a este rotativo que es injusto exigir esos diez años de empadronamiento. «Mucha mano de obra pública y privada viene de fuera y necesita una respuesta habitacional. Estamos exigiendo recursos humanos para que los servicios públicos estén atendidos, pero no dejamos que venga gente a trabajar», declaró.
En este sentido, el presidente en Pitiusas del Colegio de Arquitectos, Lluís Oliva, reconoció que, cuando escuchó la propuesta, 10 años le parecieron muchos. Sin embargo, defendió la necesidad de fijar un tiempo de residencia sin que ello sea un criterio discriminatorio, sino un mérito del demandante de la vivienda a la hora de optar a ella. También podrían tenerse en cuenta otros factores, tales como si los posibles beneficiarios tienen hijos a su cargo.
Zenón Helguera, desde la patronal de inmobiliarias, consideró «adecuado» pedir esos años de empadronamiento para optar a una vivienda pública.
Antúnez, por su parte, defendió también exigir un periodo de residencia para acceder a una VPO sin poder concretar si deben ser cinco o 10 años.
inmobiliarias, constructores y arquitectos ya saben lo que tienen que hacer, poner el dinero y después destinas las viviendas a quien les venga en gana. ' Y es que precisamente estos gremios y mafias son parte del problema, junto a políticos, claro.