La inclusión de las actividades ilegales como el tráfico de drogas y la prostitución en la nueva metodología de cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) de los países europeos, incluida España, ha venido como agua de mayo al reducir el ratio de déficit público y de esa manera poder cumplir con el ratio máximo permitido en la Unión Monetaria. Se pone de manifiesto de nuevo la doble moral de nuestra sociedad, que mantiene como ilegal actividades económicas importantes reconocidas estadística y políticamente. En este año de elecciones se ha abierto de nuevo el debate sobre la conveniencia de legalizar o no estas actividades tabúes. En el programa de algún partido se incluye la legalización de la prostitución voluntaria como actividad laboral manteniendo como delito el proxenetismo y la explotación sexual, mientras que otros partidos se han opuesto creyendo que les daría mas rédito electoral mantener la doble moral.
Por otra parte, las Illes Balears se han convertido según el Observatorio Europeo de Drogas, en un centro de experimentación de nuevas sustancias y de nuevas pautas de consumo vinculadas al ocio nocturno. La frecuencia del consumo turístico de las tres sustancias ilegales más utilizadas (cannabis, éxtasis y cocaína ) aumenta durante el periodo vacacional. Los turistas a menudo toman estas sustancias en las Islas, incluso aquellos que no las han probado con anterioridad, intentando potenciar la experiencia de sus vacaciones. El uso de drogas es un problema para la salud y se considera ilegal en España pero su consumo está muy extendido. Gestionar saludablemente los riesgos de este modelo de diversión nocturna es un reto pero sus efectos negativos serán probablemente menores con la legalización que sin ella. Prostitución y drogas son actividades en la sombra muy importantes durante la temporada turística normalmente ligada al ocio nocturno. Otras drogas legales como el alcohol con sus fiestas y excursiones etílicas provocan un comportamiento degradante y graves problemas sanitarios y de orden público en algunas zonas de Mallorca y de Eivissa.
La intervención del Estado convirtiendo algunos mercados en ilegales con leyes prohibicionistas se han justificado por motivos morales o religiosos , de derechos humanos, o por el perjuicio en la salud y la moral que ocasiona a los ciudadanos. En la exposición de motivos de esas leyes argumentan que quieren proteger a los consumidores de sus propias decisiones. Pero impedirlo legalmente no significa que desaparezca, sino todo lo contrario. En muchos casos el remedio es peor que la enfermedad. Las buenas intenciones no bastan. Solo hay que aprender de la historia. La prohibición de la manufactura, venta y transporte de las bebidas alcohólicas en los años 20 en Estados Unidos con la Ley Seca no consiguió el objetivo que se proponía, sino todo lo contrario. Se producía y vendía de forma clandestina. Los precios se elevaron y la bebida no tenía garantía sanitaria, proliferaron las bandas de delincuentes y mafias, que generaron crímenes, sobornos y corrupción y un gran gasto en represión que fue inútil. En ese mismo país la guerra contra las drogas ha llevado al mismo resultado. Se han gastado billones de dólares en políticas punitivas, ha crecido la delincuencia, las mafias, el número de consumidores no ha parado de crecer junto con muertes y hospitalizaciones, mientras se llenaban las cárceles de negros y latinos arrestados por pequeñas posesiones o ventas. Por otra parte están las políticas dirigidas a educar, informar, prevenir y tratar. Esta política para los no adictos, supone información sobre el mal que produce y la provisión de actividades alternativas para la juventud. Para los adictos significa la facilidad del tratamiento y el uso de sustitutos menos dañinos, para reducir su dependencia y poder volver a la vida normal. Esta política desplaza la curva de demanda, dando lugar a menor consumo y menor precio. Si suponemos que la política del castigo y la confiscación y la del tratamiento y la información cuestan lo mismo, la primera aumenta los precios, la segunda los reduce, bajando algo el consumo en ambos casos. Una considera al adicto como un criminal, la otra como un enfermo.