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El papel de las pymes de Balears, por José María Gilgado

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Abrir una empresa en Balears no es lo más complicado a lo que se enfrenta un emprendedor; lo difícil es poder vivir de ella. Y si además el empresario es capaz de crear varios puestos de trabajo, es casi como un héroe. Aun así, la administración pública no nos lo pone fácil; según el proyecto “Doing Business” que proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 189 economías y en algunas ciudades seleccionadas en el ámbito nacional, Balears está en el puesto 15 de 19 ciudades españolas. Según este estudio empírico, Balears está en el puesto 10 en la categoría “Apertura de una empresa”, 18 en el “Manejo de permisos de construcción”, 4 en “Obtención de Electricidad” y 12 en la de “Registro de propiedades”. El número de procedimientos es de 9 para la apertura de una empresa frente a los 4,7 de la media de la OCDE (casi el doble) y se tardan 20,5 días frente a los 8,3 de los países desarrollados.

Tampoco ayuda el clima de desconfianza e inseguridad jurídica que pueden crear algunos de los cambios legislativos anunciados, así como cambios fiscales asociados a la creación de nuevos impuestos.

Es justo que se reconozca el papel de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas de Balears en la recuperación económica, en la creación de riqueza y creación de puestos de trabajo de la comunidad, puesto que representan más del 95% del tejido empresarial. Solo si somos capaces de hacer llegar este mensaje a la sociedad y a los representantes públicos, podremos hallar el camino para la recuperación de la sociedad de bienestar que todos deseamos, creando empleo de calidad y bien remunerado.

Así pues, el ejecutivo debería hacer efectiva su voluntar de diálogo con el empresariado y crear mesas de trabajo para escuchar sus necesidades, problemas y posibles soluciones, reivindicar su valor social y apoyarle mediante medidas de flexibilización, eliminación de trabas burocráticas, simplificación del marco normativo, mayor seguridad jurídica, coordinación entre las distintas administraciones, estar al corriente de los pagos con los proveedores, entre otras medidas necesarias para que se reactive la inversión empresarial y mejorar así la competividad de las empresas.

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