La tendencia en general es anunciar que se rebajarán los impuestos en un contexto en que la presión fiscal ha crecido en los últimos años a medida que los ingresos públicos se reducían por la crisis. Un dato, hasta la reforma fiscal, entre 2012 y 2014 el Gobierno aprobó más de 50 subidas de impuestos.
¿Cuál es la situación actual de la economía española? Está creciendo y la perspectiva es que lo siga haciendo. La recesión ha quedado atrás. Hay indicadores positivos como son la mejora de la demanda interna y el consumo de las familias y empresas, la evolución de las exportaciones… Aunque debemos reconocer que la “ayuda” que supone la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro y las medidas de liquidez del Banco Central Europeo vía compra de deuda pública y privada, está siendo clave. Pero hay indicadores que siguen siendo preocupantes como son la cifra de desempleados, el crecimiento de la desigualdad, el déficit público y la deuda pública. Abordaré estos dos últimos por su relación con los impuestos vía ingresos.
En los presupuestos del ejercicio 2016, es escalofriante ver que hay 34 mil millones de euros en concepto de intereses a pagar por el Estado. Hay un problema de déficit público y en consecuencia de deuda pública. ¿Cómo se reduce el déficit? Hay tres vías: aumentando ingresos, reduciendo gastos o las dos a la vez.
En relación a los ingresos, la alternativa es aumentarlos. ¿Qué hacemos en España que los ingresos públicos siguen cayendo a pesar de que se han aumentado los impuestos y ha mejorado la actividad económica? Los impuestos y las cotizaciones sociales son la principal partida de los ingresos públicos. La paradoja del sistema tributario es el gran esfuerzo fiscal y la poca recaudación. ¿Por qué? Es un sistema tributario ineficiente e inflexible. La ineficiencia no es por un problema de tipos impositivos, es de bases imponibles, y se explica por dos aspectos negativos: la existencia de una maraña legal muy compleja (se compone de gran número de exenciones, deducciones y desgravaciones) y la gran bolsa de fraude. Solución, una buena reforma fiscal y que sea consensuada. Esta debe simplificar las diferentes figuras impositivas, eliminar deducciones y exenciones absurdas y reducir tipos impositivos. Así, el esfuerzo fiscal que soportamos servirá para dar al sector público un mayor poder recaudatorio y aumentar los ingresos.
En relación a los gastos, se tienen que reducir y esto no se ha producido. ¿Por qué? Pues porque no ha habido reforma ni ajuste contundente en profundidad en el Estado y en su gasto público. La reducción del gasto público vía recortes se produce en las administraciones locales y en las comunidades, no así en la administración del Estado. ¿Alguien ha analizado en profundidad qué gasto público estatal se necesita realmente? Lo coherente es reducir primero el gasto y mejorar su eficiencia. A pesar del importante recorte del gasto, este es insuficiente pues no se afronta la reforma más importante: la del modelo de Estado y su financiación, que requiere, también, mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto, además de su control y transparencia. El problema no es solo el número de concejales, sino el derroche autonómico y local, el exceso de funcionarios, el mantenimiento de infraestructuras inútiles e innecesarias, la gestión ineficiente del gasto, etc.
En conclusión, hay que afrontar con firmeza y valentía la reforma de la administración. La prioridad debe ser el gasto, ya que cuanto menor sea pero cubriendo las necesidades estratégicas y reales (educación, sanidad, servicios sociales), menor será también la necesidad de ingresos para sufragar estos gastos. Este es el debate creíble del cual esperamos respuestas para antes del 20 de diciembre.