Nadie duda a día de hoy de la situación de sobrecarga en la que se encuentran algunos recursos naturales como consecuencia fundamentalmente de la cada vez mayor presión humana. Además, existe consenso en torno al hecho de que los efectos de este fenómeno se extienden, más allá de su impacto sobre el medio ambiente, sobre nuestro sistema económico y productivo y, en definitiva, sobre nuestras vidas.
Sin embargo, en esta posición el reto no es tratar de aliviar las presiones ambientales con limitaciones o restricciones fruto de análisis parciales, sino afrontar el conjunto de la situación y todas sus ramificaciones frontalmente, sin ambages ni subterfugios, porque lo que hagamos tendrá, en cualquier caso, una profunda incidencia en los ratios de crecimiento, empleo y bienestar.
Debemos enmarcar la sostenibilidad como un factor más, pero no el único de mejora de la competitividad de la economía balear porque, siendo un objetivo a conseguir, la sostenibilidad por si sola no resuelve el problema de pérdida de renta y bienestar de los ciudadanos de Baleares de los últimos 15 años.
Balears necesita diseñar e implementar una estrategia económica consensuada entre la administración pública, el sector privado y el resto de agentes intermedios que dé amparo, entre otras, a una política turística basada en algo más que en la creación de un nuevo impuesto y en la imposición de límites y a una política industrial que supere las buenas intenciones del actual anteproyecto de la ley de industria. La transformación productiva de nuestra economía requiere acciones concretas, identificar sectores en los que seamos o podamos ser competitivos en el futuro, aumentar la productividad del conjunto del sistema, innovar y apostar por la calidad en lugar de seguir centrados en la cantidad, desarrollar una correcta gestión en materia de infraestructuras públicas –como depuradoras y carreteras– y bienes y servicios públicos –como playas, transporte y limpieza–. Balears precisa de seguridad jurídica e incentivos que impulsen la inversión privada creadora de empleo y necesita activar aquellas palancas de competitividad que nos aseguren que la riqueza que genera el sector empresarial se traduzca en bienestar social.
Nos hallamos ante un reto que nos concierne a todos y solo cabe que actuemos en la misma dirección. Desde la perspectiva de las administraciones públicas resulta necesario promover el trabajo interinstitucional contemplando los principios de la nueva gobernanza: apertura, participación, eficacia, responsabilidad y coherencia. Porque estamos ante un reto que nos exige, al mismo tiempo, implicación colectiva y compromiso institucional. Y esto hoy no se da. Soy consciente de que es difícil aunar diferentes sensibilidades e intereses y que es más fácil practicar la vieja política, pero no es menos cierto que las garantías de éxito son mayores si la participación de todos los actores involucrados y el grado de compromiso es alto. Desde este enfoque de toma de decisiones, por el que apuesta y trabaja la CAEB, no caben análisis parciales ni decisiones improvisadas.