Muchos pensarán que el hecho de trabajar para una de las grandes compañías hoteleras compromete mi posición en un tema tan candente como el de las viviendas turísticas que se alquilan a terceros para cortas estancias, bajo la denominada “economía colaborativa”. Sin embargo, quisiera poner sobre la mesa de debate si el desarrollo de este nuevo modelo (imparable según algunos) es compatible con el modelo de turismo, y de ciudad, que queremos.
Nos encontramos inicialmente con un pretendido choque entre las siempre demonizadas compañías hoteleras y la idea, rayana en la candidez, de la economía colaborativa, interpretada como la libertad absoluta para alquilar por días un apartamento propiedad de un particular.
Pero, seamos sinceros, eso no es economía colaborativa: sobre todo si esta se define como la que permite a individuos o grupos desarrollar una actividad lucrativa empleando activos infrautilizados. La economía colaborativa debe cumplir unos parámetros básicos, que en el caso de los apartamentos son: tratarse de un arrendamiento parcial (no de toda la vivienda), ser una actividad individual y ocasional, e incluso “socializar” al compartirse la estancia con los propietarios de la vivienda. Y es que, la economía colaborativa, que no ampara actividad que pueda calificarse de empresarial, pretende transmitir una cultura del uso eficiente de bienes y productos, no especular con ellos.
Sin embargo, cuando hablamos de apartamentos turísticos, nos encontramos en realidad con propietarios que directamente o a través de portales e inmobiliarias se han convertido en auténticos profesionales del alquiler para muy cortas estancias de uno, varios, decenas o cientos de inmuebles. Y todo ello en flagrante vulneración con la normativa vigente, huyendo de todo escrutinio y control, amparándose en el pretendido derecho de que cada uno puede hacer con sus inmuebles y activos lo que mejor le convenga.
Según la web Insideairbnb, de los 11.200 inmuebles identificados en Airbnb en Mallorca, solo un 14% cumple con los requisitos para su inclusión en economía colaborativa; el otro 86% son alquileres de inmuebles completos, en los cuales parece que tan solo se “comparten” con el dueño, una dirección, un teléfono, las llaves del inmueble y el número de tarjeta de crédito. Tampoco parece que sean actuaciones individuales en una actividad ocasional. Un 66,9% de los inmuebles pertenecen a propietarios que tienen uno o más inmuebles (alguno de ellos figuran con más de 500 inmuebles en la isla) y su media de disponibilidad para el alquiler es de 300 días al año, lo que demuestra que solo se dedican al alquiler “turístico”.
En futuros artículos analizaremos la regulación existente en la materia, que es a mi juicio suficiente para controlar esta actividad. En lugar de fomentar auténticas redes inmobiliarias basadas en la pura especulación y exentas de control, deberíamos, primero, valorar su impacto en el modelo de ciudad que queremos y apostar por actividades productivas sostenibles en el tiempo y generadoras de puestos de trabajo. Esto, hoy por hoy, difícilmente encaja en alquileres irregulares de viviendas aunque sea bajo la pretendida coartada de la economía colaborativa.