El DEAT (Dret de l'Empresa i Activitat Turística) es un grupo de investigación de la Universitat de les Illes Balears (UIB) formado por profesores universitarios y profesionales externos. Se dedica al estudio y análisis de diferentes ámbitos del turismo y la economía colaborativa desde el punto de vista del Derecho y sus implicaciones en los mercados, la sociedad, la fiscalidad, la normativa y la competencia. Su impulsor e investigador principal es el profesor de Derecho Privado Juan Franch Fluxá.
“Somos un grupo de profesionales actualmente muy interesados por el fenómeno de la economía colaborativa y las particularidades que ha implicado en Balears, como la discusión de la normativa turística y el alquiler vacacional. Participamos en el DEAT de forma desinteresada”, explica Fluxá. El DEAT organiza numerosas actividades, cursos y conferencias. También ofrece servicios a terceros sobre cuestiones legales, prácticas empresariales, cláusulas abusivas o informes sobre la normativa turística balear. Y su proyecto más ambicioso es el Máster en Contratación Turística, del que ya se ha graduado la primera promoción y este año cursará su segunda edición.
VISIÓN PLURAL. Forman parte del DEAT expertos de diferentes ámbitos, desde profesores de Derecho la UIB como el mismo Franch, Amador Antich, Javier González y Joan Antoni Vives, la experta en comunicación digital y marquetóloga Bel Llodrà, el abogado Nicolau Fuster, la especialista en competencia Victoria Torre, el inspector de turismo de la CAIB José Francisco Ribas, la abogada y experta en alojamiento vacacional Irene Perelló y el abogado experto en Tecnologías de la Información y la Comunicación Jordi Morell Ramos. Su visión sobre la normativa turística recientemente modificada no es unánime y sus puntos de vista difieren en cómo regular y cómo fiscalizar la economía colaborativa. Sin embargo, hay unanimidad en considerar que la economía colaborativa es imparable y que afectará a todos los sectores productivos tarde o temprano.
“Mientras nosotros llevamos años discutiendo del alquiler vacacional en plurifamiliares, la tecnología de la economía colaborativa avanza a toda velocidad y están apareciendo prácticas que ni conocemos”, indica Franch.
Respecto al alquiler vacacional, Francisco Ribas es partidario “no de la desregulación, pero de regular solo los requisitos mínimos” y apuesta por permitir el alquiler vacacional en plurifamiliares. “Los hoteleros entrarán de lleno en el mercado del alquiler vacacional”, vaticina, en una opinión unánime de que el turismo vacacional no acabará con los hoteles: “Hay mercado para todos, pero ya no tienen un monopolio”, aseguraron.
Nicolau Fuster también afirma que “el mercado acabará regulando la oferta” de alquiler vacacional, pero considera que ahora ya no es tanto economía colaborativa como una nueva vocación empresarial.
Amador Antich considera que tiene que haber regulación, pero el hecho de que sea una competencia autonómica crea inseguridad jurídica por las grandes incongruencias que presenta la ley del turismo. Respecto a la falta de viviendas para alquilar, del lado del propietario asegura que existen maneras de protegerse de un posible impago, como son pedir una fianza de dos o tres meses y un aval bancario de seis meses.
Irene Perelló afirma que el número de turistas seguirá aumentando y que se tiene que regular a través del urbanismo. Además, distingue la economía colaborativa, que define como “la gestión de su propio patrimonio”, de la economía social, es decir, ser “rentista”.
“Competimos a nivel global y tanta regulación puede hacer perder competitividad”, indica Bel Llodrà, quien considera que no hay que ver la saturación de manera global sino zona por zona. “Ya están saliendo nuevas plataformas para compartir coche, comer en casas particulares, y tendrá que entrar en juego toda la normativa sobre sanidad”, añade.
Y Jordi Morell Ramos pone el foco en la falta de privacidad: “En las plataformas colaborativas la transacción se basa en la reputación y la confianza, y esto se paga con información”.