Leía el otro día una información en la que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) afirmaba que nuestro país tiene un serio problema con el tema de las pensiones y que se irá agravando seriamente en el futuro. No es un tema menor. Según parece España, junto con Japón, es el país con una tasa de envejecimiento más acelerada. Dentro de 33 años, afirmaba una editorial de La Vanguardia de hace unos días “en España habrá 76 personas mayores de 65 años por cada cien personas de entre 20 y 64 años. Este hecho, añadía, contrasta con la treintena que hay en la actualidad.”
El panorama a futuro se presenta sombrío y hace imprescindible, para garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones públicas, el que se afronte sin más dilación la reforma del sistema de pensiones actual. Asimismo la alta tasa de paro y la precariedad laboral que se ha agravado a raíz de la crisis económica son palos en la rueda que no ayudan a la solución del problema. Además, el hecho de que la edad de jubilación siga estancada desde el 2010 en los 62 años, lejos de los 67 que se establecieron como objetivo final, es otro hecho negativo que agrava el problema.
Así las cosas, de momento no hay ningún tipo de avance en la comisión parlamentaria del pacto de Toledo y los contactos y negociaciones de la ministra de Empleo y los agentes sociales siguen en vía muerta. Este es otro de los problemas enquistados que tiene hoy nuestro país. Como lo es la reforma de la Constitución que estos días ha cumplido 39 años.
Es incuestionable que nuestra Carta Magna ha sido durante estos casi cuatro decenios un instrumento de estabilidad y convivencia democrática innegable propiciando, a su vez, un periodo de progreso y bienestar nunca antes conseguido en España. Dicho esto, también es cierto que los cambios vividos por nuestro país desde 1978 han sido importantes en todos los órdenes y que este hecho hace imprescindible adecuar nuestra ley de leyes a la nueva realidad española.
El problema territorial, la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación de las autonomías, afrontar determinados derechos sociales, son algunas de las cuestiones que se han suscitado reiteradamente para solicitar esta reforma constitucional que debe abordarse, no obstante, desde el acuerdo y el consenso que hizo posible la de 1978.
Es verdad que las circunstancias políticas en estos momentos no son las más propicias para abordar esta cuestión, pero los legisladores actuales deben hacer de la necesidad virtud y afrontar la reforma constitucional con el loable objetivo de preservar y fortalecer la convivencia entre todos los españoles hoy palmariamente mejorable.