A finales de 2011, cuando Montoro llegó a al Ministerio, la situación económica era de pesadilla. La pérdida de reputación y crédito de nuestras administraciones públicas las atrapó en la perversa situación de no poder hacer frente a sus obligaciones.
Nuestra comunidad no fue una excepción, el Govern de entonces fue incluso incapaz de elaborar un presupuesto para ese año, así que prorrogó las cuentas de 2010.
Después bloqueó 355 millones de euros de diferentes partidas. Es decir, reconoció que se hacían promesas de gasto imposibles. No realizó ningún ajuste, disparando el déficit al doble del establecido, dañando aún más su credibilidad, pues lanzaba el mensaje que desde la institución autonómica no se haría nada. Intentando trasladar toda la responsabilidad a Madrid una vez más.
Con ese panorama las instituciones financieras decidieron no prestar al Govern, al tiempo que muchas de ellas también padecían los problemas derivados de haber realizado malas inversiones. Por ello, el día de los enamorados de aquel mismo año, la CAIB no tuvo otro remedio que recurrir a pedir directamente al público 300 millones de euros a través de los llamados bonos patrióticos, como si se estuviese en tiempos de guerra.
Por su parte Elena Salgado, predecesora de Montoro, pedía responsabilidad a los gobiernos autonómicos en forma de elaboración de Planes de Saneamiento, aunque no obligaba a publicarlos por pretendidas razones de imagen. Consideraba que el Gobierno central había cumplido con sus ajustes en mayo de 2010, y que era el turno de las CCAA que, además, habían recibido 7.000 millones extra por entregas a cuenta. Balears no supo contestar hasta hasta el cambio de Govern en junio.
La consecuencia de todo ello fue que durante la primavera-verano se sucedieron las huelgas y las protestas de todos aquellos proveedores del Govern que acumulaban meses sin cobrar. Tampoco lo hacían muchas instituciones, como los ayuntamientos o la propia UIB.
Ciertamente, todo el país tenía problemas financieros, pero se miraba con lupa a Catalunya, Castilla-La Mancha y Balears. Incluso se hacían apuestas a ver cuál de estas caería antes.
Fue en estas circunstancias cuando Montoro se puso al frente del Ministerio más complicado, diseñando el FLA, planes de pago a proveedores y otros mecanismos de financiación de CCAA y municipios. Lo hizo prometiendo un rigor que se plasmó en las llamadas leyes Montoro de estabilidad presupuestaria para restablecer la credibilidad perdida al grito de “todos juntos salimos de esta”.
Esas leyes, en su esencia, solo determinan que hay que aprovechar la recuperación económica para ajustar el gasto público, pagar las deudas e intentar que funcionen mejor los mercados derogando leyes proteccionistas. Las normas se están cumpliendo, pero ¿ocurre lo mismo con aquel espíritu?