Javier Pons de Marco preside desde hace tres años la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (Viturme). Profesionalmente está al frente de la empresa Select Villas, dedicada a la comercialización de aproximadamente 400 viviendas vacacionales, bien de forma directa o a través de touroperadores.
Han sido muy críticos con la regulación del alquiler turístico en Menorca que se ha aprobado en los últimos dos años por parte del Govern balear y el Consell Insular. ¿Por qué se oponen?
Porque es una medida que no tiene ningún sentido, supone un freno a que la sociedad menorquina pueda participar en la renta turística para una mejor distribución de la riqueza y se ha hecho sin tener en cuenta la experiencia positiva que teníamos en la isla del alquiler turístico.
¿En qué sentido?
Menorca ha disfrutado de un modelo propio de alquiler vacacional durante cuarenta años que funcionaba muy bien y que no generaba ningún tipo de conflicto, basado en unifamiliares y adosados en zonas turísticas. Con la aparición de las plataformas colaborativas, se ha modificado la ley para dar cabida, aparentemente, a todo tipo de alquiler, pero con tantos condicionantes que de hecho se ha conseguido que no puedan entrar nuevos modelos y se ha perjudicado la que venía funcionando.
Pero es cierto que daba la sensación de un descontrol con estas plataformas….
Es verdad, pero era un problema asociado a grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Eivissa, pero no en Menorca. Se ha querido aplicar la solución pensada para estas urbes a una isla como la nuestra y es un error. En Mallorca se ha aplicado únicamente en Palma y el resto del territorio no lo contempla de la misma forma.
¿A qué se refiere?
En 2017 el Govern balear amplió el concepto de vivienda vacacional a las plurifamiliares, pero esto ha perjudicado a la vivienda turística tradicional. Hasta la fecha, las viviendas turísticas se podían legalizar en cualquier zona siempre que cumpliesen los requisitos. Ahora la tramitación es mucho más compleja y se ha incorporado a las plurifamiliares, que será difícil acaben incorporandose al mercado turístico, en detrimento de todas estas viviendas que se comercializaban.
¿Y respecto a la zonificación?
La zonificación aprobada el verano pasado por el Consell Insular es un error con sus excepciones y carencias sin sentido. Pedimos establecer toda Menorca como zona turística para unifamiliares y adosados, sin olvidar el rústico, donde también se ha prohibido. No demandamos que se pueda construir más sino que se pueda aprovechar mejor lo que tenemos.
Se asocia también un problema relacionado con la subida del alquiler residencial en las ciudades…
Se han demonizado las estancias turísticas y se nos achaca la subida del precio del alquiler residencial, cuando no tiene que ver con nuestro sector, es una cuestión relacionada con la evolución positiva de la economía y la disminución del desempleo. Las viviendas turísticas son una solución a la ley de arrendamiento urbano, ya que al propietario le sale más a cuenta alquilarlo turísticamente que a un inquilino que tendrá que estar cinco años. No se puede culpabilizar al alquiler vacacional del abandono de los cascos urbanos, un problema propiciado por otros factores.
¿Por qué es un freno que la sociedad menorquina pueda participar en la renta turística?
Tradicionalmente, las familias menorquinas tenían la oportunidad de alquilar su segunda residencia, pero con las últimas regulaciones, muchos han perdido la posibilidad y no ha habido un modelo claro. El alquiler de viviendas turísticas genera cada temporada en Menorca un impacto económico de 90 millones de euros y 1.467 puestos de trabajo en jornadas anuales. Son datos reales que provienen de las empresas que forman Viturme y que ponemos en valor para demostrar lo que está en juego y que repercute en todas aquellas empresas locales de servicios como mantenimiento de jardines, piscinas, lavandería, limpieza, mantenimiento, obras y un largo etcétera.