Balears ha vivido durante el último medio siglo una gran transformación económica, al pasar de una actividad eminentemente agraria al turismo vacacional de masas. Las oportunidades laborales que brindaba el Archipiélago lo convirtieron en la comunidad que más incremento poblacional ha tenido en las últimas décadas, y las previsiones indican que el número de habitantes seguirá creciendo hasta superar los 1,3 millones en 2030. Un reto tanto en infraestructuras como en cohesión social y modo de vida. ¿Puede soportar Balears esta presión demográfica? ¿Hemos llegado al límite poblacional? Los expertos señalan que la gestión de infraestructuras, vivienda y cohesión social deberían estar en la agenda. Si no se actúa, la calidad de vida y el territorio se resentirán.
El Consell Econòmic i Social (CES), presidido por Carles Manera, publicó el ‘Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l'Horitzó 2030 (H2030)', un Libro Blanco en el que unos 70 científicos hacen un diagnóstico de cómo se prevé que evolucione Balears en los próximos años y sugiere 174 propuestas concretas que, sin embargo, no se presupuestan. Están guiados por un equipo asesor formado por Enric Banda, Josep Maria Bricall, Antón Costas, Capitolina Díaz Martínez, Andreu Mas Colell, Emilio Ontiveros, Marina Subirats Martori y Enric Tortosa Martorell.
A partir de este documento, diferentes actores tienen que estudiarlo y consensuar propuestas para que finalmente el CES eleve un dictamen al Govern, previsiblemente a finales de año. Su principal conclusión es que, partiendo del supuesto de que la economía crece al 2% anual y con el modelo económico actual, la población de Balears se incrementará un 18,6% hasta los 1.364.435 habitantes, 213.500 más que en 2017, es decir, 16.423 cada año. Estos datos proceden de la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística. Si se cumpliera este pronóstico, la población en las Islas crecería cuatro veces más que en el conjunto de España (+4,5%).
A su vez, se necesitarán 660.000 personas ocupadas en las Islas, 122.000 más que en 2020, y el paro será del 5,4%, la tasa más baja registrada nunca. La terciarización de la economía continuará y los servicios aglutirán el 85% de la población ocupada. Se espera una mayor presencia femenina en el mercado laboral. Por sectores, el turismo, la sanidad y la dependencia continuarán creando empleo, como también sectores emergentes como la náutica, los servicios de la vida diaria y las nuevas ocupaciones vinculadas a las transformaciones digitales y tecnológicas, el cambio climático o la gestión de residuos. En cambio, se perderá ocupación de operadores de maquinaria y de trabajos cualificados de agricultura, industria manufacturera o construcción. Además, la ocupación requerirá cada vez una mayor cualificación.
Tal y como explica Pere Salvà, catedrático de Geografía de la UIB, a nivel globlal existen dos visiones opuestas respecto al crecimiento de la población mundial, que en Balears se ve agravado por la circunstancia de ser un territorio insular limitado. La visión optimista es que pueden buscarse soluciones a los problemas, más o menos tecnológicas, como por ejemplo desaladoras para solucionar la falta de agua. La visión pesimista, desde el punto de vista de la ecología, considera que ja n'hi ha prou y que hay que cambiar de modelo. Algunos abogan por el decrecimiento.
Salvà cree o “desea” que el incremento poblacional para la próxima década no sea tan grande como apuntan las previsiones. “Sería una superexplotación del territorio”, insinúa. “Yo creo en un punto intermedio entre el optimismo y el pesimismo. Soy optimista siempre que haya una correcta gestión basada en tres puntos: políticas públicas de oferta de vivienda, política de energías alternativas renovables y políticas de planificación social hacia un trabajo de mayor cualificación”, añade.
En una línea similar se expresa Carles Manera, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UIB, contundente: “Es posible, físicamente, un crecimiento de más de 200.000 personas en este periodo, pero no es deseable porque generará tensiones sobre las infraestructuras, los servicios sanitarios y los servicios sociales”.
El catedrático de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López señala: “El incremento poblacional es negativo dependiendo de cómo se haga la integración de esta población inmigrada. Las Islas estamos a punto de convertirnos en una colonia de población temporera desarraigada que, estando de paso, ni ama nuestro patrimonio natural ni nuestra lengua. Y esto puede generar situaciones irreversibles preocupantes. Los movimientos de población tienen que acompañarse con políticas de integración comunitaria. El mercado no puede considerar la importación de mano de obra sin restricciones como si fueran recursos naturales. Son personas que se tienen que incluir socialmente. Vivienda, lengua, costumbres, capital social... tendrían que estar en la agenda social”.
Por su parte, el economista de Futur Legal Pau Monserrat se muestra optimista: “No es legal prohibir la llegada de ciudadanos a nuestras Islas ni tampoco tiene sentido. Se trata de gestionar bien la llegada de población para generen ingresos, vía actividad económica y pago de impuestos. Las tierras de acogida que saben recibir a sus visitantes prosperan”, sostiene.
TIERRA DE ACOGIDA. En los últimos 40 años, la población de las Islas se ha casi duplicado. Pere Salvà ha estudiado los distintos fenónemos que han transformado la estructura poblacional. Por una parte, la actividad turística estacional, que hace que la carga demográfica aumente en los meses de temporada alta. Por otra parte, una migración que bautizó como el modelo ‘Nueva California', basado en inmigrantes extranjeros jubilados que llegan del norte, inmigración laboral cualificada -asalariados y empresarios- del norte, e inmigrantes “pobres” que llegan para trabajar. A esto se suma una población cada vez más envejecida y que se ha pasado del mundo rural a una sociedad urbana, a su vez que el modelo ha cambiado de la familia extensa a la familia nuclear.
Salvà enumera algunos retos de futuro que derivan de la demografía: dificultades en el mercado de la vivienda, inseguridad de la ocupación laboral, posible aumento de la edad de jubilación, y la pregunta que deja al aire de si habrá trabajo para todos.
Sin embargo, recuerda que diferentes autores han apuntado que para mantener el nivel de población ya no es necesario, como sí se pensaba hasta ahora, tener 2,1 hijos por mujer. Y esto es debido a que aumenta la esperanza de vida. “El problema viene luego para saber quién pagará. Hay que pensar que estamos en el siglo de los centenarios. Ya son 267 en las Islas, cuando hace 40 años eran media docena”, recuerda.
Al respecto de si habrá que subir la edad de jubilación, esta es su reflexión: “Lo más probable es que tenga que ir aumentando, pero dos hechos podrían hacer que no tuviera que subir tanto. El primero es el índice de actividad de la mujer, que ahora es más bajo que el del hombre y puede compensar este efecto. Y el segundo es la inmigración. Ahora la inmigración no está cualificada y, por tanto, está segregada. Si aumenta la igualdad y la cualificación de estos trabajadores, puede hacer que no se tenga que llegar a los 70 años”, indica. Pere Salvà apunta que si los inmigrantes pudieran subir al ascensor social como los locales, podrían amortiguar el impacto del envejecimiento sobre el mundo laboral.
HORIZONTE 2030. El Libro Blanco del Horizonte 2030 del CES recomienda un redimensionamiento de los servicios públicos en general y de los sanitarios en particular. El gasto en sanidad aumentará. Habrá que preparar los servicios sociales para hacer frente al envejecimiento de la población. La proporción de población en edad escolar se reducirá, pero será necesario integrar a los colectivos inmigrantes y reducir las tasas de fracaso escolar. También recomienda facilitar la incorporación de los inmigrantes en la sociedad e implementar políticas de estímulo de la natalidad. El informe sugiere, además, amortiguar los periodos de alta carga demográfica en los meses de verano para evitar situaciones de saturación.
En cuanto a la vivienda, no se establecen medidas concretas ni se cuantifica la necesidad de nuevas casas o pisos. Sí que se indica que habrá que “hacer frente al previsible aumento del número de hogares” y se pide priorizar la rehabilitación urbana y la incorporación al mercado de viviendas desocupadas por delante de construcción de nueva vivienda.
En materia de capacidad de carga, infraestructuras y mobilidad, las principales medidas no son ninguna novedad.
Todavía están en la memoria de muchos los barcos cargados de agua potable que llegaron a Mallorca entre 1995 y 1998. Ante la amenaza de que la sequía pudiera afectar a la actividad turística, se optó por realizar un trasvase de agua procedente del Ebro. Fue conocida como la Operación Barco, con la circunstancia de que el primer cargamento que llegó desde Tarragona se tuvo que echar al mar porque sabía a pintura.
Por ello, se recomienda disminuir las pérdidas de la red de abastecimiento, que llegan al 27% de la producción.
Asimismo, se aconseja anticiparse a las eventuales necesidades de remodelación o ampliación de depuradoras; fomentar el uso de agua regenerada; planificar de forma realista nuevas infraestructuras de generación de electricidad; reevaluar la idoneidad de implantar un gasoducto entre Mallorca y Menorca; recogida selectiva de residuos en todas las islas; desarrollar una red de instalaciones de tratamiento de la FORM (residuos orgánicos); mejorar y ampliar la red ferroviaria; un plan de parkings disuasorios, y un plan de movilidad urbana sostenible en los doce municipios de más de 20.000 habitantes.
En bienestar social, se considera vital universalizar el servicio de teleasistencia y de atención domiciliaria, los respiros y ampliar el parque de residencias, así como medidas familiares y de atención a la infancia para nuevos perfiles de precariedad y para situaciones de emergencia social.
El Libro Blanco también analiza de forma pormenorizada la política científica y tecnológica, en la que destaca la apuesta por la transformación digital y la sostenibilidad, así como utilizar la legislación para hacer las cosas más fáciles. En política industrial, se comenta la necesidad de internacionalizar las empresas industriales, impulsar la mejora de la productividad, la sostenibilidad y el fomento de los clústeres, así como una ventanilla única administrativa en materia industrial.
El cambio climático ocupa un extenso capítulo. Hay que mitigar un 40% la emisión de gases de efecto invernadero, que en Balears proviene sobre todo de la producción de energía eléctrica y del transporte. Como medidas, se considera reducir la presión humana derivada del turismo, reducir la demanda energética vía eficiencia energética, apostar por las renovables, implantar la movilidad sostenible, adaptar la agricultura al cambio climático, reforzar la prevención y la rápida actuación en caso de incendios forestales y una gestión integrada de la demanda de agua.
Respecto a las medidas referentes a las fuerzas de transformación digital, se insiste en la necesidad de basar en datos y en análisis de demanda las decisiones sobre nuevas infraestructuras y gestión ambiental, movilidad o de riesgos naturales. Se pide un plan de incentivación de robotización en pequeñas empresas manufactureras y agroalimentarias, favorecer el desarrollo del internet de las cosas, crear un comité de expertos en inteligencia artificial que asesore al Govern y hacer campañas de información acerca de la seguridad y la privacidad.
FINANCIACIÓN. Los cambios que vivirá la población y las medidas que plantea el Libro Blanco para hacerles frente implican una transformación radical en la gestión pública, pero también en la empresa privada. Y todo ello requiere financiación. “No es el trabajo del CES presupuestarlo”, indica Manera, pero es claro en las consecuencias de no anticiparse al futuro: “Si se toman las medidas que se proponen, probablemente mejoraremos en 2030. Si no se actúa, iremos a peor”, señala.
Finalmente, Pere Salvà considera necesario hablar en este punto de financiación autonómica. “Aportamos por solidaridad un dinero que no tenemos. Mi opinión es que el gasto público está racionalizado, se hace muy bien con lo que nos dan, pero la financiación da para lo que da”.
El presidente del CES, hace una reflexión final: “Sorprende la cantidad de planes de trabajo que tiene el Govern actual, 32 sumando los de las diferentes conselleries. Falta más coordinación y un plan estratégico que lo aglutine todo si se quiere llegar a buen puerto”, concluye Manera.