Cada año se desperdician en el mundo más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, 1/3 de la producción mundial; 89 millones de toneladas de comida en buen estado corresponden a la Unión Europea, 7,7 millones a España. En Baleares cada residente en las Islas tira a la basura 60 kilos de alimentos al año.
Mientras tanto, una de cada nueve personas sufre de inseguridad alimentaria, más de 870 millones en el mundo; y en Palma, en el comedor social gestionado por la Asociacion Tardor, entre otras organizaciones benéficas, no cuentan con alimentos suficientes para atender a las personas en situación de extrema pobreza y exclusión social a las que asisten diariamente, con más de 350 servicios repartidos entre desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
¿Y por qué no se donan todos estos alimentos a asociaciones o entidades benéficas?
La falta de un marco legal que proporcione seguridad jurídica sobre el desarrollo de estas labores es, sin duda, la principal razón. La aprobación de una Ley del 'buen samaritano' como las que existen en otros países de nuestro entorno incentivaría la implicación, el número de donantes y las cantidades aportadas, lo que tendría un buen efecto social y contribuiría a la lucha contra el desperdicio. ¿Su finalidad? Limitar la responsabilidad civil de los donantes de alimentos, evitando que si una persona se intoxica o tiene algún inconveniente con algún alimento donado, la entidad donante no se vea perjudicada legalmente, si ha realizado la donación de buena fe.
Por ejemplo, en Francia con la aprobación de la 'Ley Garot', los supermercados están obligados por ley a tener un acuerdo con diversas organizaciones benéficas para donar los alimentos en buen estado que no se vendan, y su incumplimiento está penado. En Italia está vigente la ley 'despilfarro cero'; y en Alemania se ha lanzado la iniciativa llamada 'too good for the bin' (demasiado bueno para la basura) que pretende cambiar la mentalidad de la población acerca del desperdicio de alimentos. Por su parte, la República Checa aprobó en 2018 una enmienda a la Ley de Alimentos para reducir el desperdicio de alimentos.
Recordemos que la prevención del desperdicio de alimentos fue incluida en 2015 por Naciones Unidas como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en 2030. La Unión Europea por su parte incluyó la prevención del desperdicio alimentario dentro de la Directiva sobre gestión de residuos, Directiva que fue revisada en 2018. Y en la misma línea, en octubre de 2017 la Comisión Europea publicó las Orientaciones de la UE sobre la donación de alimentos con el objetivo de promover la redistribución de los excedentes alimentarios y recomendar el desarrollo de normas a nivel nacional sobre la donación de alimentos.
Y a pesar de Naciones Unidas y la Unión Europea, en nuestro país no existe un marco legislativo que prevenga el desperdicio alimentario, a todos los niveles. ¿A qué esperamos?
Precisamente el miércoles 4 de marzo se aprobó en Cataluña la primera Ley contra el despilfarro alimentario, que obliga a todos los sectores de la cadena a disponer, en el plazo de un año, de un plan estratégico de lucha contra el despilfarro y la firma de convenios con entidades sociales.
En la misma línea, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria publica la Guía de prácticas correctas de higiene para el aprovechamiento seguro de la comida en la donación de alimentos con el objetivo de «ser una herramienta para que los excedentes alimentarios consumibles que los establecimientos de restauración y de comercio minorista no pueden comercializar lleguen a las personas beneficiarias».
En Baleares se ha abierto la puerta con la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminantes, que recoge la obligación de la CAIB de elaborar un código de buenas prácticas para el desperdicio alimenticio, si bien parece que queda un largo camino por recorrer.
Sin duda la promulgación (urgente) de una ley del buen samaritano, que clarificara las responsabilidades derivadas de la gestión de los alimentos donados, junto con la correspondiente guía de donación, daría seguridad jurídica a los operadores y supondría un importante aliciente para fomentar la colaboración de empresas y particulares.
Y mientras esperamos a que los políticos hagan su trabajo, os dejo el mail de contacto de la Asociación Tardor (tardorcomedor@gmail.com), para lo que podáis ayudar.