Pese a los reiterados anuncios realizados por ministras y economistas de cámara sobre el fin del periodo inflacionario, los precios continúan su senda ascendente, disminuyendo los sueldos reales. Esto es, empobreciendo a la mayoría de asalariados por la puerta de atrás. Es cierto que, desde hace unos meses, el BCE está endureciendo su política monetaria mediante subidas de tipos de interés. Sin embargo, muchos gobiernos, como es el caso del español, todavía no se han decidido a llevar a cabo una política fiscal complementaria, es decir, de consolidación presupuestaria. Y eso que, de una forma u otra, las nuevas reglas fiscales de la UE están a la vuelta de la esquina.
Dicho en otras palabras, la política monetaria y la fiscal parecen seguir sentidos opuestos. Hay que tener en cuenta, que, si bien inicialmente los más altos tipos suponen un freno a una inflación alimentada en gran medida por los abultados gubernamentales, esas mismas subidas de tipos, pueden acabar provocando el efecto contrario si las finanzas públicas no se ajustan.
Por otra parte, las tendencias geopolíticas apuntan a que el proceso de desglobalización no se detiene, ni tampoco las restrictivas regulaciones europeas con las que se pretende el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. De manera que iniciamos un nuevo curso envueltos en la mayor de las incertidumbres acerca de lo que puede ocurrir. Pues no hay que olvidar que la inflación es el enemigo número uno de la actividad económica.
En resumen, mientras que el BCE está cumpliendo -a pesar de sus dudas iniciales- con su papel, la geopolítica sigue su propia dinámica, al tiempo que la UE se ha decantado por alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 abandonando cualquier alternativa más acorde con los principios económicos básicos. Así que, en cualquier caso, una vez más, vuelve a resultar trascendental ajustar la política fiscal. Ahora bien, en una comunidad de Estados, como la UE, cualquier gobierno puede optar por esperar a que sean otros los que hagan el trabajo difícil. De esta manera la gran cuestión es ¿se podrá llevar a cabo tal ajuste?
Decía Jaques Delors, en su etapa de presidente de la Comisión Europea, que los dirigentes comunitarios de época sabían lo que tenían que hacer, pero no sabían cómo tenían que hacerlo. Mucho me temo que con los nuevos políticos actuales el luxemburgués diría ahora que ni tan siquiera saben lo que hay que hacer. La inflación tiene enormes efectos redistributivos que perjudican a los ahorradores, esto es, a aquellos que apuestan por el futuro, al tiempo que beneficia a los deudores, tal como ocurre con los actuales gobiernos cortoplacistas. Por añadidura, el hecho que la banca no está remunerando adecuadamente los pasivos, tal como ocurre en nuestro país, también contribuye a disminuir los efectos moderadores de las subidas de tipos.
En definitiva, ni los gobiernos ni el sistema financiero están ayudando a moderar el incremento de precios. Tampoco, la geopolítica internacional, ni la política de la UE con respecto a los pretendidos objetivos de sostenibilidad. Así que la cuestión es ¿será suficiente la política monetaria?