El modelo de Seguridad Social de nuestro país, permite que la cobertura de la asistencia sanitaria de algunos colectivos de empleados públicos se realice con cargo al mutualismo administrativo. Las entidades gestoras son MUFACE, MUGEJU e ISFAS que celebran conciertos con entidades de aseguramiento privado como Asisa, Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Mapfre o DKV; éstas a su vez prestan los servicios médicos a través de contratos con centros de especialidades médicas, clínicas y hospitales, distribuidos por toda la geografía española. La población cubierta es de aproximadamente 2,1 millones en todo el territorio. Una característica importante de cara al usuario es que le permite decidir cada año si quiere optar a recibir asistencia por medios privados o bien por los centros públicos. El sistema de prestación mediante centros privados, se encuentra muy bien valorado por parte de los mutualistas. Consultado el informe de la Fundación IDIS, «Sanidad Privada, aportando valor 2023», en 2021 optaron por la sanidad privada el 75,6% del colectivo de MUFACE, el 79,2% de MUGEJU y el 91,7% de ISFAS.
Citando este mismo informe, en el que aparece una estimación de gasto sanitario, en 2022 el gasto público per cápita fue de 1.674 euros, frente a los 1.020 euros del mutualismo administrativo, diferencias, bajo mi punto de vista muy significativas y que deberían estar muy presentes para la toma de decisiones por parte de los responsables de la Administración.
Como un ejemplo más de colaboración público-privada que lleva más de 50 años formando parte del sistema sanitario, el mutualismo administrativo garantiza plenamente aspectos básicos muy necesarios relacionados con la eficiencia en la gestión. Se trata de la separación de la financiación, la provisión y la prestación. Además, conlleva una evaluación mediante el seguimiento del cumplimiento de los conciertos por parte de las entidades gestoras; incluso también, como se ha apuntado, la del propio usuario que, si considera que no ha recibido una atención adecuada a sus expectativas puede solicitar un cambio al otro régimen de prestación.
Sin embargo, el modelo no pasa por uno de sus mejores momentos. Por un lado, algunos partidos políticos solicitan reiteradamente su eliminación por considerarlo un sistema que conlleva inequidades y sobre todo por considerarlo un sistema «privatizado». Por tal motivo pretenden su desaparición e integración en la sanidad pública. Este hecho supondría incorporar de golpe a más de 2 millones de asegurados al circuito asistencial público lo que, sin duda, provocaría aún más tensiones al sistema con el consiguiente perjuicio para profesionales y sobre todo para la población.
Por otro lado, la voz de alarma de las entidades provisoras, las compañías de seguros, que argumentan déficit de financiación. Adeslas, Asisa y DKV manifiestan conjuntamente en los medios de comunicación que en el ejercicio 2022 llevan pérdidas acumuladas por valor de 170 millones por el concierto de MUFACE, lo que podría suponer la «quiebra» del mismo.
Queda claro pues, que esta fórmula de prestación que lleva tanto tiempo en ejercicio requiere de un profundo análisis y evaluación, tal vez transformación y adaptación a la realidad actual, eso sí, de una manera totalmente fuera de apriorismos, basada en el costo-beneficio y sobre todo, enfocada a la satisfacción del paciente.