El gobierno de Australia ha presentado una nueva legislación que podría imponer duras multas y llevar a juicio a las grandes empresas tecnológicas si no controlan de manera efectiva el contenido perjudicial en sus plataformas. Esta normativa, denominada «Social Media Ban Proposal» (Propuesta de Prohibición en Redes Sociales), tiene como objetivo frenar la difusión de contenidos peligrosos, como el odio, la violencia o la desinformación.
La medida llega en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales, especialmente en la salud mental de los jóvenes y la proliferación de discursos extremistas. Con esta ley, plataformas como Facebook, Instagram o TikTok podrían enfrentarse a sanciones económicas muy elevadas e, incluso, a la prohibición de operar en Australia si no cumplen con las exigencias establecidas.
El proyecto de ley también contempla la creación de un nuevo organismo regulador, que se encargaría de supervisar el cumplimiento de estas normativas y de imponer multas que podrían alcanzar cientos de miles de dólares. Además, las empresas reincidentes se enfrentarían a juicios y la posible prohibición de seguir operando en el país. No obstante, existen críticas hacia esta propuesta. Algunos sectores temen que estas regulaciones puedan coartar la libertad de expresión y llevar a una censura excesiva.
En Europa, y particularmente en España, estamos atentos a este tipo de iniciativas. La reciente Ley de Servicios Digitales de la UE tiene un enfoque similar y refleja que el control sobre las grandes tecnológicas es una preocupación compartida. Esta ley australiana podría marcar un precedente internacional, obligando a las plataformas a reconsiderar sus políticas de contenido y moderación.
Las próximas semanas serán clave para ver cómo evoluciona este debate a nivel global y si su aplicación puede inspirar a otros países, incluido el nuestro.