El proceso de descentralización que ha vivido España en los últimos cuarenta años se estableció en la Constitución Española de 1978. Se partía de un Estado muy centralizado de los cuarenta años anteriores y, refiriéndose a las Comunidades Autónomas, se establece que gozarán de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias de acuerdo con los principios de suficiencia económica para desarrollarlos y de solidaridad entre todos los españoles. Ya en la propia Constitución se hizo una excepción política con el País Vasco y Navarra manteniendo sus Fueros, empezando ya las singularidades. También Canarias tiene un Régimen económico y fiscal especial, el que establece la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas.
En el reparto de recursos se tiene en cuenta la población que tiene cada Comunidad y muchas singularidades como la insularidad, el envejecimiento poblacional, la dispersión territorial, la población turística, etc. En este proceso de descentralización se han ido cediendo continuamente competencias que antes eran del Estado y también recursos para poder financiarlas. Se cedieron impuestos y se fue concediendo participación en los impuestos más importantes (actualmente el 50% del IRPF y IVA). El acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE sobre la financiación singular de Catalunya ha abierto la Caja de Pandora (mito griego que tiene su moraleja) que extendería todos los males según unos y la esperanza de un sistema más justo para otros.
Desde que las Comunidades Autónomas tienen las competencias de Educación y Sanidad, dos piezas claves del Estado del Bienestar que actualmente reciben 157 mil millones de euros, las quejas han aumentado, y las mayores quejas vienen de Catalunya. El creciente déficit fiscal que aumenta su deuda con el Estado, la discrecionalidad del Estado al ejecutar inversiones en infraestructuras y el desequilibrio entre los ingresos del Estado, que han aumentado un 90% en estos últimos 10 años, frente a los de las Comunidades Autónomas que lo han hecho un 40%, son las más importantes. Una solución es que el Estado tenga menos peso en la financiación global y aumente la financiación de las Comunidades. Se ha hablado de unos 30 mil millones de euros adicionales para que ninguna comunidad pierda. Aunque, claro, el Estado tiene muchas competencias y lo mismo los ayuntamientos. Se ha propuesto también que el reparto sea 40% para el Estado, 30% para las Comunidades y 30% para los Ayuntamientos.
El tema más conflictivo es la propuesta de que todos los impuestos los recaude la Comunidad Autónoma. Soberanía fiscal (sólo la agencia tributaria catalana) en la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. Así lo hacen todos los Länder en Alemania. ¿Sería posible en España? Catalunya prefiere recaudar, creen que lo harían mejor, refuerza su confianza en sí misma y además le daría un mayor poder de decisión y político. ¿Es un privilegio? ¿Se atreverían las otras Comunidades? ¿Afecta este acuerdo a la sostenibilidad del sistema de financiación y a la solidaridad? ¿Lo que unos ganan los otros pierden? ¿Es bueno que se siga fragmentando Europa en sus poderes de decisión, teniendo que contar con las regiones además de los Estados?
Hasta ahora las comunidades que más aportan en la financiación autonómica son Madrid, Catalunya y Balears, a través del sistema de financiación. Una parte de sus ingresos tributarios se traspasa a otras regiones de menor renta. El sistema redistribuye mucho y reduce las diferencias entre unas regiones y otras. Si no hubiera estas redistribuciones entre regiones, entonces las regiones más ricas tendrían muchísimo más dinero que las más pobres y sería imposible que sus colegios y hospitales se parecieran ni de lejos a los de las regiones más ricas. Se trata de que no haya muchas diferencias en los servicios que se puedan prestar en todo el territorio nacional. ¿Se puede mantener este sistema con la propuesta catalana?: Catalunya recaudaría todos los impuestos estatales (53.500 millones €) y traspasará al Estado una parte (4.600 millones €) por los servicios que le presta, más la cuota de solidaridad regional ( entre un 2%-4% PIB, aproximadamente una horquilla entre 4.900 y 9.800 millones €). Con este acuerdo aumentaría radicalmente Catalunya sus ingresos en unos 26.000 millones € (casi el doble de lo que tiene ahora) y el Estado tendría que compensar al resto de las Comunidades (en cifras de 2023) con el 2% del PIB nacional equivalente a 30.000 millones € adicionales según Andreu Mas-Colell exconseller de la Generalidad de Catalunya y seguramente el mejor economista actual de España. Veremos…