La Encuesta de Actividad 2025, elaborada por la patronal Pimeef a partir de las respuestas de 251 pequeñas y medianas empresas de Eivissa y Formentera, confirma un cambio de ciclo en la economía de las Pitiüses. Tras varios años marcados por una intensa recuperación posterior a la pandemia, el tejido empresarial pitiuso entra en una fase de desaceleración progresiva y consolidación, caracterizada por un menor dinamismo pero todavía sostenido por una base de estabilidad. Uno de los principales indicadores de este cambio de tendencia es la valoración general del ejercicio.
En 2025, el 44% de los empresarios considera que el año ha sido bueno o muy bueno, una cifra que, aunque relevante, se sitúa claramente por debajo de los registros de años anteriores. Este descenso en la percepción positiva refleja una pérdida gradual del optimismo empresarial, que ya se venía observando tras el pico alcanzado en 2022. Sin embargo, el hecho de que únicamente alrededor del 10% de los encuestados califique el año como malo o muy malo evidencia que, pese al enfriamiento, el entorno económico sigue siendo relativamente favorable.
FACTURACIÓN.
La evolución de las ventas refuerza esta lectura. Durante 2025, un 33,9% de las empresas declara haber incrementado su facturación, mientras que un 27,54 % afirma haberla reducido. Aunque el saldo continúa siendo positivo, el estrechamiento de la diferencia entre ambos grupos confirma una pérdida de impulso. En comparación con ejercicios anteriores, se observa una clara reducción en el número de empresas que experimentan crecimientos significativos, lo que apunta al agotamiento del denominado efecto ‘botella de champán’ que siguió a la reapertura económica tras la crisis sanitaria. En este contexto, predominan los incrementos moderados —principalmente por debajo del 10%—, al tiempo que los descensos también tienden a concentrarse en rangos contenidos.
El análisis sectorial pone de manifiesto una evolución desigual entre actividades. El sector de otros servicios destaca como el más dinámico, seguido por el comercio, que mantiene resultados positivos pese a la ralentización general. Por el contrario, la hostelería y la restauración, tradicionalmente motores económicos de las islas, muestran signos de mayor debilidad, con un porcentaje significativo de empresas que reporta caídas en sus ventas. La industria, el transporte y la construcción también presentan dificultades, con un mayor equilibrio entre empresas que crecen y las que retroceden, lo que refleja un contexto de mayor incertidumbre. Un entorno que se ha agravado con la reciente guerra en Oriente Medio. «Hay mucha incertidumbre entre los empresarios. No se sabe cómo se afrontará la situación», apunta el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo.
Desde el punto de vista territorial, la situación también presenta contrastes. En la isla de Eivissa, los resultados son en general positivos, con municipios como Sant Josep, Sant Joan y Santa Eulària destacando por su mejor comportamiento relativo. Estas zonas concentran un mayor número de empresas que han logrado incrementar su actividad o mantenerla estable. En cambio, Formentera presenta un panorama más complejo, con una proporción significativa de empresarios que ha visto disminuir sus ventas, lo que la sitúa como el territorio con peores resultados dentro del ámbito analizado.
EXPECTATIVAS.
Las expectativas empresariales para 2026 consolidan esta percepción de transición hacia un escenario de mayor estabilidad. La mayoría de los encuestados, concretamente más del 64%, considera que la situación se mantendrá similar a la de 2025. Mientras tanto, el porcentaje de empresarios que espera una mejora continúa descendiendo de forma paulatina, situándose en torno al 26%. Este comportamiento evidencia una actitud más prudente por parte del tejido empresarial, que parece haber dejado atrás las expectativas de crecimiento acelerado para adaptarse a un entorno más previsible, pero también más limitado en términos de expansión. También cabe tener en cuenta que la encuesta se llevó a cabo en invierno, antes del inicio de la guerra en Oriente Medio.
En cuanto a los factores que condicionan la actividad económica, la encuesta revela la consolidación de algunos problemas estructurales. Entre ellos, destaca especialmente el coste y la disponibilidad de la vivienda, que se sitúa entre las principales preocupaciones de los empresarios. Este elemento no solo afecta a la rentabilidad de las empresas, sino que también dificulta la contratación y retención de trabajadores, especialmente en sectores que dependen de mano de obra estacional. De hecho, casi tres de cada cuatro pymes tuvo que mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores para retenerlos. «A las empresas cada vez nos cuesta más poner dinero para que luego se vaya por el desagüe», apunta Rojo en referencia a que buena parte de los alquileres que pagan los trabajadores forman parte de la economía sumergida.
Junto a la vivienda, otros factores relevantes son los costes laborales, la incertidumbre sobre la evolución de la actividad y la falta de personal cualificado, un problema recurrente que limita la capacidad de crecimiento de muchas empresas. El mercado laboral refleja esta situación de equilibrio con tensiones. Durante 2025, el 60,8% de las empresas ha mantenido estable su plantilla, mientras que un 24,3% la ha incrementado y un 14,9% la ha reducido. De cara a 2026, la tendencia apunta claramente a la continuidad, ya que más del 73% de los empresarios prevé mantener el número de trabajadores. Este dato refuerza la idea de estabilización, aunque también pone de manifiesto las dificultades para ampliar equipos en un contexto marcado por los costes y la disponibilidad de personal.
ENTORNO.
En paralelo, la percepción del entorno en el que operan las empresas presenta luces y sombras. Por un lado, se observa una ligera mejora en la valoración de la seguridad ciudadana, con un incremento en el porcentaje de empresarios que la consideran alta o muy alta. Por otro, las valoraciones de infraestructuras y servicios públicos se sitúan en niveles medios, evidenciando carencias en aspectos como el aparcamiento, los trámites administrativos o las conexiones de transporte en temporada baja. Estas limitaciones afectan directamente a la competitividad de las empresas y a la calidad del entorno económico en el que desarrollan su actividad.
Otro elemento relevante es el impacto de la insularidad en los costes empresariales. La mayoría de las empresas señala que sufre sobrecostes significativos, especialmente en rangos de entre el 11% y el 20%, lo que supone una carga adicional en comparación con otros territorios. Este factor, junto con el encarecimiento de suministros como la energía o el transporte, contribuye a reducir los márgenes y a dificultar la inversión.
En materia financiera, se observa una relativa estabilidad en los plazos de pago, tanto por parte de las administraciones públicas como de los clientes privados. No obstante, persisten retrasos en algunos casos, especialmente en el ámbito público, donde una parte de las empresas indica periodos superiores a 60 días. Asimismo, aunque la mayoría de las empresas no ha experimentado cambios en su ratio de impagados, se detecta un ligero incremento en el número de compañías que reportan un aumento de estos.
Por otro lado, el interés por la sostenibilidad y la transición energética muestra signos de desaceleración. Aunque una parte significativa de las empresas se plantea invertir en energías renovables o en soluciones de autoconsumo, el porcentaje de interesados ha disminuido respecto a años anteriores. Entre los motivos que explican esta tendencia se encuentran la complejidad administrativa y los retrasos en la concesión y pago de ayudas públicas, que en algunos casos superan los dos años, generando desconfianza y desincentivando nuevas inversiones.
En este contexto, las demandas del tejido empresarial hacia las administraciones son claras. Entre las principales reivindicaciones destacan la reducción de la carga fiscal, la puesta en marcha de políticas de vivienda más eficaces y la mejora de la gestión administrativa, especialmente en lo relativo a licencias, permisos y subvenciones. Asimismo, los empresarios reclaman un mayor control del intrusismo y de la competencia desleal, proponiendo un refuerzo de los mecanismos de inspección y sanción.