El actual proceso extraordinario de regularización de inmigrantes es un tema muy controvertido que tiene indudables efectos económicos. No es un tema indiferente para muchos trabajadores que ven a los inmigrantes como una potencial competencia, ni para algunos partidos políticos que lo asocian a un mayor gasto social y una pérdida de valores e identidad, ni para otros países europeos que temen que un proceso laxo facilite permisos de residencia en Europa a inmigrantes que posteriormente recalarán en sus países.
La regularización parte una iniciativa legislativa popular (ILP) aprobada con un amplio respaldo en las cortes. Impone como condiciones demostrar la presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y realizar la solicitud antes del 30 de junio. Al realizar la solicitud se suspenden los procedimientos de retorno y las ordenes de expulsión y al admitirse a trámite la petición se emite una autorización provisional de residencia que permite trabajar y que con su posterior aprobación sería una autorización ordinaria.
El número de potenciales beneficiarios se calculaba en medio millón aunque un informe de FUNCAS establecía que a 1 de enero de 2025 había 840.000 inmigrantes irregulares, cifra ocho veces superior a la de 2017 (107.000). Estos datos sugerían que prácticamente desde 2017, la cifra se había incrementado cada año en 100.000 inmigrantes por lo que hoy en día debería superar el millón. Comparativamente, en el periodo 2017-25 la inmigración irregular se habría multiplicado por 8 mientras que la inmigración legal extracomunitaria se habría doblado (2,5 a 4.9 millones). Estos datos implicaban que los irregulares representaban a principios del 2025 el 17,2% de los inmigrantes extracomunitarios frente al 4,2 en 2017.
La pregunta es si podemos asimilarlos. En los últimos años España ha sido capaz de recibir casi medio millón de inmigrantes al año y disminuir su tasa de desempleo lo que demuestra una capacidad de asimilación que no se produce en el resto de Europa o Estados Unidos. La afinidad cultural y la diferencia de trato hacia el inmigrante (acuerdos bilaterales) son elementos resaltados por The Economist, The Guardian o JP Morgan.
A pesar de esta mejor asimilación, tradicionalmente se crítica que la inmigración ha permitido un crecimiento extensivo de la economía española estancando sus niveles de productividad y renta per cápita. Los inmigrantes han ayudado a expandir actividades como la hostelería o la agricultura con bajos niveles de productividad diluyendo el aumento de productividad procedente de otros sectores. Sin embargo, también parece que esto está cambiando. La inmigración actual parece gozar de un mayor nivel de educación e incluso emprendeduría. El 16% de los autónomos actuales son inmigrantes y representan el 96,5% del incremento de autónomos en los últimos 4 años. Paralelamente también se ha multiplicado por dos el número de inmigrantes con perfiles tecnológicos y científicos entre 2018 y 2023.
Y que supone para Balears. Regularizar supone otorgar más acceso a derechos ciudadanos (educación, sanidad, servicios sociales) financiados local o autonómicamente sin apenas obtener ingresos adicionales. Este problema se acrecienta a medida que mayor sea la incidencia de la inmigración sobre la población total y las Balears es el campeón. Si le añadimos a esta situación nuestras limitaciones territoriales, ambientales y las carencias de infraestructuras, no es de extrañar que la regularización se perciba más como un problema que como una solución.