La decisión tomada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para el vicepresidente de CAEB en Pitiusas, José Antonio Roselló, si se hace una valoración moral de este paso adoptado por la CNMC, puede decirse que se trata de una iniciativa de señores cómodamente instalados en sus despachos de Madrid que desconocen los problemas de las islas de Ibiza y Formentera.
Roselló afirmó que se trata de una mera iniciativa administrativa, pues la CNMC es una instancia que depende del Gobierno Central. Sin embargo, «existe la sospecha de que ponen palos en las ruedas desde los organismos centrales tanto a Formentera como a Ibiza. Esto no tiene que ver con partidos ni con política, sino con un modo concreto de actitud», explicó el vicepresidente.
En cuanto a la valoración que puede realizarse desde una óptica de política económica, Roselló manifestó que, en relación a la limitación de vehículos, siempre se ha dicho que abrir la mano ante grandes corporaciones nacionales provoca un gran daño a la economía insular y pymes. «No se trata de buscar privilegios ni monopolios, sino de ayudar a las pymes, a quienes tienen ya aquí una trayectoria acreditada. Abrir la mano desbaratando el corazón de las medidas, provocaría el final mismo de la política de contención», insistió el vicepresidente, quien aclaró que lo anterior no quita que las empresas de las Pitiusas deban hacer un esfuerzo en precios y calidad pues ellas también están sometidas a examen y la política económica puede variar en cualquier momento. Además, esa discriminación positiva va en la línea de las políticas en favor de la insularidad y de los territorios con características singulares que hace años se van abriendo camino en la Unión Europea, no sin gran esfuerzo, insistió.
En cuanto a la cuestión jurídica, Roselló recordó que el fondo del asunto ha sido perfectamente estudiado por los respectivos servicios jurídicos de los Consells de Ibiza y de Formentera, por lo que no es de extrañar que desde esos mismos Consells se rechacen las pretensiones de la CNMV.
«Hay que pedir al poder judicial mucha mesura puesto que esta política se lleva planteando en Formentera tres años y medio y en Ibiza un año y medio y no se ha caído el mundo»
«Debe quedar claro que este tema, en realidad, no está en manos de la CNMV, sino de la judicatura, y los jueces tienen una especial responsabilidad, aunque no buscada, en este asunto. Hay que pedir al poder judicial mucha mesura puesto que esta política se lleva planteando en Formentera tres años y medio y en Ibiza un año y medio y no se ha caído el mundo», consideró.
Entre otras cuestiones, Roselló recordó que las empresas de aquí han de proceder de modo que siempre se pueda justificar una discriminación positiva y el Consell, por su parte, ha de estar dispuesto a aplicar el método de prueba y error. «El objetivo final es suficientemente importante para que todos hagan un esfuerzo de entendimiento», concluyó.
En la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera, el presidente Alfonso Rojo consideró que se adoptan decisiones en relación a normas que «posiblemente no contemplan nuestra realidad insular».
«Todos los estamentos y la sociedad en general intentan que esto no se nos vaya de las manos y entendemos que, de alguna manera, dicha realidad deberá ser contemplada», insistió Rojo, quien defendió la importancia de lograr un equilibrio necesario en Ibiza.