El presidente de la Asociación de Transportistas de Menorca, Joaquin Bisbal, analiza el aumento de los costes del transporte, las carencias de las infraestructuras y la falta de relevo generacional en el sector.
El incremento del precio de los carburantes vuelve a poner contra las cuerdas a los transportistas. ¿Cómo les está afectando?
Muy negativamente. Desde que se inició el conflicto bélico entre EE.UU. e Irán el gasoil se ha incrementado a fecha 30 de septiembre por encima del 33%. El combustible puede llegar a ser en las empresas de transporte hasta un 30% de sus costes por lo que este incremento sólo puede verse paliado por ayudas de las Administraciones y por la actualización al alza de las tarifas de transporte a los clientes.
Más allá del carburante, ¿cuánto penaliza la insularidad a las empresas de transporte menorquinas y qué papel juega el coste del transporte marítimo?
Las compañías navieras sufren la misma problemática que las empresas de transporte y de hecho, a principios de este mes de octubre han efectuado una nueva actualización del BAF (Bunker Adjustment Factor), por lo que las tarifas por tráiler actuales están ya casi 200 euros por encima de lo que eran antes del inicio del conflicto. Esto puede suponer entre un 20% y un 25% de incremento de los precios que se contrataron a principio de año. Es inevitable repercutir estas subidas a los clientes porque los márgenes operativos en el transporte multimodal marítimo-terrestre, están muy por debajo de estos porcentajes de los que estamos hablando.
¿Hasta qué punto las obras de la carretera general, los desvíos y los tiempos de desplazamiento están penalizando los costes del transporte?
El problema no son las obras, sino el modelo de carretera ME1 que se está construyendo, que no varía mucho de lo que hemos tenido hasta ahora, con arcenes ampliados a 2,5 metros para circulación de vehículos lentos, algún paso elevado para evitar giros a la izquierda y no mucho más. Tenemos un importante déficit de infraestructuras viarias respecto del incremento de población residente y de plazas turísticas, que al final suponen un mayor número de vehículos circulando y esto afecta a la velocidad comercial y muy especialmente, a la seguridad. Desde que se hizo la obra de la carretera de Fornells en 2002, lo único significativo que se ha hecho ha sido el desvío de Ferreries con el túnel. El resto han sido actuaciones de menor importancia.
A nivel logístico, Astrame lleva años reclamando una zona en el puerto de Son Blanc, en Ciutadella. ¿Cómo está la situación?
Son Blanc acumula un porcentaje mayoritario del tráfico de mercancías y pasajeros en la isla por lo que es necesaria una importante inversión para mejorar las operaciones de transporte y la comodidad y seguridad de los pasajeros que transitan por sus instalaciones. Sería necesario habilitar un gran espacio fuera de las instalaciones portuarias pero cercano a las mismas para que las empresas de transporte puedan efectuar los cambios de equipos en los embarques y desembarques y agilizar los tiempos en estas operaciones.
Otras cuestiones que su sector lleva tiempo denunciando son las dificultades que provoca el mal funcionamiento de la estación de ITV. ¿Qué le parece la nueva prórroga?
Esta no es una buena noticia, a pesar de que en el último mes hemos notado una mejoría en los plazos para conseguir cita y poder tener nuestras flotas lo más al día posible. En la última reunión que tuvimos con el Conseller de Movilidad en el primer trimestre del año, se nos dio la fecha de noviembre para tener efectiva la nueva concesión y es evidente que no ha sido así. Esta nueva prórroga de dos años no satisface al sector y a ningún tipo de usuarios. Lo único positivo es que la nueva concesión permitirá que haya competencia en la prestación del servicio ya que las empresas adjudicatarias tienen que ser distintas en Maó y Ciutadella y donde hay competencia, hay mejora de servicio.
¿Cómo les afecta la falta de conductores profesionales y el envejecimiento de las plantillas?
Este es uno de los problemas más importantes que afecta al sector, pero no solo a nivel local ni nacional, trasciende a nivel global. En los próximos años se jubilará un porcentaje relativamente importante de los conductores de nuestro país, de los cuales muchos de ellos obtuvieron la licencia de forma gratuita en el Ejército cuando hicieron la mili. Ahora obtener el carnet y el CAP puede suponer un desembolso de entre 3.000 y 4.000 euros y esto aleja a muchos jóvenes de la profesión. Sería importante abaratar los costes de la obtención del carnet y el CAP por la vía de ayudas de la Administración porque a quien obtenga las acreditaciones, no le va a faltar trabajo. Yo animaría a los jóvenes a plantearse la opción de profesionalizarse en el sector. Los salarios han mejorado sensiblemente con el convenio firmado en 2025 y que hasta 2027 sumará un incremento del 20% en el periodo de tres años.